La legislación israelí que prohíbe a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha entrado en vigor, lo que implica cambios significativos en las operaciones del organismo en los territorios palestinos ocupados. Jonathan Fowler, portavoz de la UNRWA, anunció en una entrevista que las nuevas legislaciones, aprobadas en octubre, obstaculizan el contacto entre las autoridades israelíes y la agencia, afectando severamente sus operaciones en Gaza, Jerusalén Oriental y Cisjordania.
Desde 1949, la UNRWA ha sido fundamental en la asistencia a casi seis millones de refugiados palestinos, según el mandato de la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, con esta nueva normativa, Israel ha dejado de emitir visados para el personal internacional de la UNRWA, estableciendo una fecha de vencimiento para los existentes, lo que equivale, en la práctica, a un desalojo. Como resultado, el personal internacional tuvo que evacuar las instalaciones en Jerusalén Oriental y trasladarse a Ammán, mientras que el personal nacional permanece en el territorio, aunque enfrenta crecientes riesgos debido a la inestabilidad y las tensiones en la región.
Fowler subrayó que, a pesar de los desafíos, la UNRWA se compromete a continuar con su labor solidaria, que incluye proveer servicios esenciales de salud y educación. La agencia ha venido enfrentando una situación crítica en Gaza, donde la violencia y los ataques han dejado más de 47.000 palestinos muertos, además de 270 miembros del personal de la UNRWA. Aun así, en los primeros días del actual alto el fuego, la agencia ha distribuido comida y mantas a un millón de personas.
La nueva legislación plantea la posibilidad de que todas las operaciones de la UNRWA sean detenidas, lo que podría tener un impacto devastador en los servicios que la agencia proporciona a la población palestina, particularmente en el ámbito educativo y de salud. Los refugiados palestinos, como Iman Hillis, han expresado su gran preocupación por una posible interrupción de los servicios esenciales que la UNRWA les ofrece.
A nivel internacional, se están generando preocupaciones sobre el precedente que esta legislación podría sentar para otras operaciones humanitarias de la ONU en todo el mundo. Fowler advirtió que nunca antes un Estado miembro de la ONU había intentado anular el mandato de un organismo de la ONU, lo que podría tener repercusiones negativas para el sistema multilateral global.
Con el nuevo marco legal, Israel, en su rol de potencia ocupante, seguirá siendo responsable del bienestar de la población en los territorios ocupados, lo que planteará un desafío en la entrega de servicios esenciales, cuya financiación anual se estima en mil millones de dólares. La situación es incierta, y la comunidad internacional está instando a las autoridades israelíes a reconsiderar esta drástica decisión, ya que su implementación podría significar un cambio significativo en las dinámicas del servicio humanitario en la región.
Fuente: ONU últimas noticias
