La Oficina de Derechos Humanos de la ONU emitió este lunes una grave advertencia sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, subrayando el empeoramiento de las garantías fundamentales en el país. En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, se destacó que el gobierno de Ortega ha intensificado sus políticas represivas, lo que fortalece su control para sancionar a aquellos que expresan disidencia. Esta tendencia se manifiesta a través de tácticas de vigilancia y enjuiciamiento que abarcan incluso las actividades en redes sociales.
Nada Al Nashif, la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, señaló que el gobierno ha despojado a ciudadanos de su nacionalidad y propiedades, creando un número creciente de apátridas. «En el país impera un clima represivo y de gran severidad», indicó Al Nashif, reflejando la creciente ansiedad que vive la población nicaragüense y los nicaragüenses en el exilio.
Una de las decisiones más significativas que ha contribuido a este contexto es la reciente enmienda constitucional aprobada el 22 de noviembre por la Asamblea Nacional. Esta reforma extiende el mandato presidencial de cinco a seis años, eleva el estatus de la vicepresidencia a «copresidencia» y elimina la cláusula que prohibía la censura de los medios de comunicación. Además, se establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia y se facilita la intervención del ejército en operaciones policiales internas, si el gobierno lo considera necesario para la «estabilidad» del Estado.
Según Al Nashif, estas reformas están diseñadas para consolidar aún más el poder en manos de la presidencia y criminalizar cualquier forma de disenso. «Esto merma aún más la democracia y ahonda la represión del espacio cívico», resaltó durante su intervención ante el Consejo.
Alerta sobre las detenciones arbitrarias y tortura, la Oficina de Derechos Humanos reveló que las acciones del gobierno han provocado la detención de opositores políticos, líderes indígenas y defensores de derechos humanos, con informes alarmantes de tortura y desapariciones forzadas. La situación se agrava para las comunidades indígenas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, donde la violencia y la agresión sexual han aumentado por parte de colonos.
Las reformas recientes han permitido que se realice una interferencia legislativa, judicial y electoral que limita las garantías fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. Además, se identificó una preocupante falta de reconocimiento de la prohibición de la tortura, un hecho considerado grave por la alta comisionada.
Dadas las circunstancias, Al Nashif instó a la comunidad internacional a rechazar los cambios constitucionales, pedir la liberación inmediata de los detenidos y poner fin a las desapariciones forzadas y la tortura. Asimismo, la Oficina de Derechos Humanos abogó por el restablecimiento de las instituciones democráticas y por un diálogo constructivo que beneficie a los nicaragüenses, haciendo un llamado a intensificar el apoyo a estos esfuerzos desde la comunidad internacional.
Fuente: ONU últimas noticias
