Ivania Cruz y Rudy Joya, dos abogados salvadoreños defensores de los derechos humanos, han solicitado asilo en España tras enfrentarse a un creciente acoso legal en su país debido a su labor en la defensa de garantías fundamentales. Los activistas pertenecen a una organización no gubernamental que ha sido objeto de hostigamiento por parte de las autoridades salvadoreñas desde febrero de 2025, en respuesta a su apoyo a la comunidad La Floresta, que ha estado luchando contra intentos de desalojo forzoso desde 2024.
El gobierno salvadoreño ha solicitado a Interpol la emisión de notificaciones rojas contra Cruz y Joya, lo cual ha sido confirmado por la Policía Internacional en julio de 2025. Esta medida ha sido calificada por un grupo de expertos de la ONU como un acto de «represión transnacional», ya que busca extender el acoso a los defensores de derechos humanos más allá de las fronteras de El Salvador. Según estos expertos, las acusaciones en contra deIvania Cruz y Rudy Joya carecen de fundamento y están directamente relacionadas con su trabajo de derechos humanos, que incluye la denuncia de acciones del Gobierno durante el estado de emergencia declarado en 2022.
Las notificaciones rojas de Interpol, que son emitidas para alertar a las fuerzas del orden de otros países sobre fugitivos buscados, han sido denunciadas por ser un uso indebido del sistema para perseguir una agenda política. Los especialistas han resaltado la preocupación de que Interpol facilite la represión transnacional sin la debida consideración del contexto de las personas contra las que se emiten las notificaciones. La Constitución de Interpol prohíbe la intervención de carácter político, destacando la necesidad de respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En el contexto de su situación, Rudy Joya fue detenido en España tras comparecer ante las autoridades bajo el pretexto de su solicitud de asilo. Ivania Cruz también se presentó ante la Audiencia Nacional, que les ha impuesto condiciones estrictas de libertad condicional, obligándoles a firmar ante el juzgado cada 15 días y a no abandonar el país.
Los expertos han instado a Interpol a revocar las notificaciones rojas y han solicitado a España que niegue la extradición de los abogados salvadoreños, evidenciando la urgencia de proteger a quienes defienden los derechos humanos en un contexto de creciente represión en El Salvador.
Fuente: ONU últimas noticias
