La creciente popularidad de los chatbots ha llevado a un aumento en la preocupación sobre la privacidad de los datos que los usuarios comparten en estas plataformas. Muchas personas, a menudo sin pensarlo dos veces, revelan información altamente personal a través de conversaciones con inteligencia artificial, una práctica que puede tener graves implicaciones legales y éticas. Los registros de chat, que contienen fragmentos de nuestras vidas más íntimas, se han convertido en objetivos atractivos para las fuerzas del orden, que, según la Constitución de EE. UU., necesitan obtener una orden judicial para acceder a esta información.
Durante las interacciones con chatbots, los usuarios abordan temas delicados y personales, desde consejos médicos hasta problemas financieros, lo que puede desnudarlos emocionalmente. Frases como «cómo obtener píldoras abortivas» o «cómo escapar de una relación abusiva» evidencian la profundidad de las preocupaciones y necesidades que los usuarios están dispuestos a compartir con estas herramientas digitales, revelando detalles que tradicionalmente se habían mantenido en la intimidad del hogar.
A pesar de ser una tecnología relativamente nueva, el principio constitucional que protege la privacidad de las comunicaciones es más que pertinente. La Cuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU. exige que las autoridades demuestren causa probable y obtengan una orden específica antes de poder acceder a los datos personales de los usuarios. Sin embargo, el uso de órdenes de búsqueda masivas, que permiten a la policía acceder a grandes cantidades de datos sin un objetivo claro, plantea serios riesgos para la privacidad. Estos métodos han sido cuestionados en los tribunales, donde algunos jueces han comenzado a considerar estas solicitudes como inconstitucionales.
Las empresas que desarrollan chatbots tienen la responsabilidad de proteger la privacidad de sus usuarios. Esto incluye no solo asegurarse de cumplir con las leyes existentes, sino también resistir los intentos de las autoridades de llevar a cabo vigilancia masiva sin el debido proceso. Las prácticas de vigilancia intrusiva, como las llamadas «órdenes de geofence,» que buscan datos de todos los usuarios en una determinada área geográfica, son ejemplos claros de cómo se están utilizando las herramientas digitales para comprometer la privacidad individual.
Para abordar estas preocupaciones, se están proponiendo una serie de compromisos que las empresas de inteligencia artificial deberían adoptar para proteger a sus usuarios. Estos incluyen la resistencia a órdenes de datos masivos en los tribunales, notificar a los usuarios con antelación sobre cualquier solicitud legítima para que puedan defenderse, y publicar informes de transparencia que detallen el número de solicitudes legales que reciben, incluyendo las que buscan acceso a datos a gran escala.
A medida que la tecnología avanza, es imperativo que las protecciones de la privacidad se mantengan a la par, garantizando que los usuarios puedan seguir utilizando sistemas de inteligencia artificial para el aprendizaje y la expresión sin temor a que su información más personal sea vulnerada. Sin salvaguardias adecuadas, la disposición de las personas a interactuar con estos sistemas podría verse gravemente afectada, limitando su acceso a recursos valiosos y apoyo.
Fuente: EFF.org
