Las autoridades venezolanas deben respetar los derechos a la vida, la libertad y la seguridad personal de todos los venezolanos y liberar a todas aquellas personas que han sido detenidas arbitrariamente, afirmó la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela en un comunicado emitido este jueves. Este llamado cobra mayor relevancia en el contexto de la reelección de Nicolás Maduro, quien asumirá nuevamente la presidencia el próximo 10 de enero tras los comicios del 28 de julio pasado, cuyos resultados han sido cuestionados por la oposición.
La Misión hizo hincapié en la necesidad de que el gobierno respete el derecho de los ciudadanos a manifestarse y expresarse libremente, recordando que cualquier acción violenta por parte de los cuerpos de seguridad debe actuar bajo los más estrictos estándares internacionales del uso de la fuerza. Marta Valiñas, líder de la Misión, subrayó que cualquier violación de derechos humanos debe ser investigada de manera pronta, exhaustiva e imparcial, y que los responsables deben ser juzgados por tribunales independientes respetando el debido proceso.
La represión violenta contra la población que manifestó su descontento tras el anuncio de los resultados de las elecciones de julio ha sido calificada como una de las crisis de derechos humanos más severas en la historia reciente del país. Francisco Cox, miembro de la Misión, reveló que entre agosto y diciembre de 2024, las autoridades detuvieron al menos a 56 activistas de partidos opositores, así como a diez periodistas y una defensora de derechos humanos. Además, advirtió que quienes ordenan y ejecutan tales detenciones arbitrarias y torturas deben asumir la responsabilidad jurídica correspondiente.
El Ministerio Público de Venezuela informó a finales de diciembre de 2024 que 1,369 de las más de 2,500 personas detenidas en el periodo postelectoral habían sido excarceladas, aunque la Misión aclaró que no ha podido confirmar esta cifra. Según la ONG Foro Penal, 1,849 personas siguen en prisión por motivos políticos, enfrentando condiciones adversas que afectan su alimentación, salud y acceso a las garantías procesales.
La Misión subrayó la obligación del Estado de ofrecer una protección especial a los detenidos que sufren problemas de salud, a los adultos mayores y de considerar el interés superior de los menores que enfrentan procesos penales. La situación de cientos de prisioneros que viven en condiciones deplorables, sometidos a tortura y tratos inhumanos, fue también destacada en el informe.
El informe concluye que la persecución a opositores no solo persiste, sino que se ha intensificado como un ataque sistemático a la libertad de expresión. La Misión, que fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2019, tiene la tarea de investigar las presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela y anticipa estudiar los casos de violaciones graves que puedan ocurrir, enmarcándolos dentro de una política estatal de represalias contra la oposición.
Fuente: ONU últimas noticias