La maquinaria represiva del Estado venezolano sigue activa, a pesar de la reciente aprehensión del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Esta afirmación fue presentada este jueves por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en el marco de una actualización de sus investigaciones ante el Consejo de Derechos Humanos.
La experta María Eloísa Quintero destacó que «la extensa maquinaria legal e institucional que ha facilitado la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales permanece intacta». Quintero subrayó que no se puede considerar que Venezuela esté avanzando hacia una reforma en derechos humanos mientras este aparato represivo continúe en funcionamiento. Desde enero, los investigadores han documentado al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, lo que indica que la disidencia sigue siendo silenciada bajo el régimen actual.
A pesar de algunos avances señalados desde septiembre de 2025, las estructuras del Estado que sustentaron la persecución política en el país no han sido desmanteladas, ni se han propuesto políticas públicas para lograrlo. Los altos funcionarios que han sido responsabilizados por la Misión por crímenes de lesa humanidad siguen ocupando posiciones importantes en el Gobierno y las fuerzas de seguridad. «No hay indicios de que las autoridades actuales tengan la intención de llevar a estas personas ante la justicia», afirmó el experto Alex Neve.
La Misión también enfatizó que la operación militar de Estados Unidos del 3 de enero violó el derecho internacional, incluso considerando las acusaciones de responsabilidades de Maduro en crímenes de lesa humanidad. «Todas las personas responsables de estos crímenes deben rendir cuentas mediante procesos judiciales con las garantías del debido proceso», recalcaron. Entre septiembre y diciembre de 2025, la Misión documentó 135 detenciones arbitrarias y un patrón continuado de tortura y malos tratos en los centros de detención.
Asimismo, los expertos manifestaron su preocupación por la falta de transparencia en las recientes liberaciones de detenidos por motivos políticos. Aunque la liberación ha sido recibida con satisfacción, no existe claridad sobre el número y la identidad de los liberados. Quintero solicitó la liberación inmediata de todas las personas aún detenidas por razones políticas, incluidas decenas de ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad. Algunas de estas liberaciones han sido facilitadas por la ley de amnistía aprobada el 20 de febrero, pero la Misión advirtió de sus limitaciones y la falta de un proceso de consulta pública inclusivo.
La vigilancia continua de colectivos armados y el hostigamiento a figuras opositoras y periodistas también generan inquietud. La Misión hizo un llamado a la comunidad internacional a mantener la atención sobre Venezuela, buscando asegurar que la actual incertidumbre política conduzca a una reforma institucional y al final de la cultura del miedo.
Finalmente, Neve resaltó que la Misión, creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos, debe ser vista como un organismo independiente, técnico y apolítico, subrayando la importancia de que las autoridades venezolanas cooperen completamente con los investigadores y permitan el acceso sin restricciones al país. El mandato de la Misión ha sido prorrogado hasta septiembre de 2026.
Fuente: ONU últimas noticias