La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha recibido con «cautela» la aprobación inicial del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática por parte de la Asamblea Nacional del país. En un comunicado, advirtió que la legitimidad de esta ley dependerá de su implementación mediante un proceso «transparente e inclusivo» que ponga el foco en las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Alex Neve, experto y miembro de la Misión, destacó que esta legislación representa «una oportunidad para brindar justicia» a aquellos que han sido detenidos por motivos políticos. Sin embargo, enfatizó que su efectividad y aceptación pública se basará en la creación de un proceso que se apegue al derecho internacional de los derechos humanos. La Misión expresó su preocupación por la falta de consultas públicas que garanticen la inclusión y seguridad de todos los sectores afectados.
Por su parte, la integrante de la Misión, María Eloísa Quintero, hizo hincapié en el «alcance limitado» que podría tener el proyecto si no se actúa de manera precautoria. Afirmó que hay un riesgo significativo de excluir a numerosas personas que han sido perseguidas políticamente, lo cual podría comprometer la restitución de sus derechos fundamentales. En este sentido, la Misión subrayó la necesidad de establecer mecanismos claros para la implementación de la ley, así como de asegurar que un ente independiente supervise su aplicación.
Neve también instó a que el proceso de liberación de los detenidos, que ya ha comenzado, continúe sin interrupciones, especialmente en un contexto donde se han reportado graves deterioros en la salud de algunos prisioneros y muertes bajo custodia. La Misión se comprometió a seguir monitoreando este proceso de cerca, subrayando la imperiosa necesidad de atender las condiciones de quienes han sufrido los efectos de la represión política en el país.
Desde su creación en 2019, la Misión ha sido un actor importante en la evaluación de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, y su mandato se extendió en septiembre de 2022 hasta 2026, lo que refuerza su compromiso de seguir luchando por una justicia efectiva y la promoción de derechos en el país suramericano.
Fuente: ONU últimas noticias
