Desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad en Línea a finales de julio, los usuarios de internet en el Reino Unido han expresado de manera contundente su rechazo a lo que consideran un régimen de censura. Apenas unos días después de que comenzaran a aplicarse los controles de edad, las aplicaciones VPN se convirtieron en las más descargadas de la App Store de Apple en el país. Además, una petición para derogar la Ley de Seguridad en Línea ha superado las 400,000 firmas.
En los meses transcurridos desde la implementación de esta legislación, más de 550,000 personas han solicitado al Parlamento inglés la derogación o reforma de la ley, convirtiendo este movimiento en una de las manifestaciones públicas más significativas en la historia reciente de las leyes digitales del Reino Unido. La Ley de Seguridad en Línea ha activado a amplios sectores de la población británica, y se hace cada vez más urgente que los políticos tomen en serio estas demandas.
La semana pasada, la Electronic Frontier Foundation (EFF) se unió a Open Rights Group, Big Brother Watch y Index on Censorship para enviar un informe a los políticos del Reino Unido, instándolos a escuchar a sus electores y a rechazar la Ley de Seguridad en Línea antes del debate parlamentario sobre la petición, programado para el 15 de diciembre.
Este marco legal es visto como una amenaza a la privacidad del usuario y como una restricción a la libertad de expresión, ya que implica arbitrar sobre el discurso en línea. Además, expone a los usuarios a la discriminación algorítmica a través de verificaciones faciales y bloquea efectivamente el acceso a millones de personas sin un dispositivo personal o identificación. El informe subraya que, desde la entrada en vigor de esta ley, se han observado varias repercusiones, como el aumento de la dificultad para que organizaciones sin ánimo de lucro y grupos comunitarios gestionen sus propios sitios web, la eliminación injustificada de ciertos tipos de contenido y la aplicación indiscriminada de medidas de verificación de edad a una amplia gama de contenidos.
Los reclamantes de la derogación no se oponen a la protección de los niños, sino que abogan por una legislación que logre simultáneamente proteger a los menores y respetar los derechos fundamentales, incluyendo los derechos de libertad de expresión de los propios niños. La cifra de firmantes a la petición evidencia un amplio consenso sobre la percepción de que la ley actual se inclina demasiado hacia la censura, generando riesgos innecesarios para la libertad de expresión y la vida en línea cotidiana. Con ajustes razonables, el Parlamento tiene la oportunidad de restaurar la confianza en que la seguridad en línea y los derechos a la libertad de expresión pueden coexistir.
Si el Reino Unido realmente desea cumplir su objetivo de ser el lugar más seguro del mundo en el que navegar en línea, debe liderar la introducción de políticas que realmente protejan a todos los usuarios, incluidos los niños, en lugar de imponer la aplicación de una legislación que perjudica a las personas que se propone proteger.
Fuente: EFF.org
