Cada año, el número de víctimas de trata de personas aumenta, al igual que las distancias que deben recorrer y la violencia que enfrentan. Durante el Día Mundial contra la Trata, conmemorado cada 30 de julio, la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertaron sobre esta problemática global, que es impulsada por el crimen organizado y llevó a que más de 200,000 personas fueran víctimas entre 2020 y 2023. Sin embargo, este número representa solo una pequeña parte de la realidad, ya que muchos casos permanecen sin denúncia.
Las redes delictivas utilizan los flujos migratorios y las plataformas digitales para facilitar la trata transfronteriza, aprovechando lagunas legales y económicas. Los traficantes se benefician del trabajo forzoso y la explotación sexual, así como de la coerción que obliga a las víctimas a participar en actividades delictivas, como estafas en línea y narcotráfico. Alarmantemente, una de cada tres víctimas es menor de edad y el 78% es reclutada para trabajo forzoso o explotación sexual.
La OIM enfatiza que estas redes criminales manipulaan y amenazan a personas vulnerables, incluidas migrantes y jóvenes, obligándolas a cometer delitos bajo condiciones de explotación. Muchas de las víctimas son engañadas con falsas promesas de empleo y a menudo se encuentran atrapadas en situaciones que se asemejan a la esclavitud moderna.
La directora general de la OIM, Amy Pope, subrayó que la trata de personas constituye una crisis de derechos humanos y un negocio global que alimenta la corrupción y el temor, afectando de manera desproporcionada a los más vulnerables. La situación es especialmente grave en regiones como el sureste asiático, donde cientos de miles son retenidos y sometidos a abusos.
A pesar de que logran escapar o ser rescatadas, muchas víctimas siguen enfrentando estigmas y registros delictivos que las tratan más como delincuentes que como sobrevivientes. Esta explotación genera enormes ganancias para los traficantes, que se estiman en aproximadamente 40,000 millones de dólares anuales. A menudo, el sistema de justicia penal castiga a los sobrevivientes mientras aquellos que perpetúan estas violaciones de derechos permanecen sin castigo.
La OIM hace un llamado urgente a los gobiernos y comunidades a reconocer a los sobrevivientes como víctimas, no delincuentes. Destacan que es fundamental garantizar su protección y apoyo, así como establecer mecanismos que vayan más allá de la burocracia. Para erradicar esta problemática, las fuerzas del orden deben implementar leyes más estrictas y fortalecer la cooperación internacional.
Finalmente, la OIM y la UNODC instan a que la justicia y el apoyo a las víctimas sean prioridades en la lucha contra la trata de personas. La protección de estos individuos debe ser contemplada con un enfoque centrado en los derechos humanos, ya que, sin ello, la lucha contra la trata no podrá avanzar de manera efectiva.
Fuente: ONU últimas noticias
