Los 193 Estados miembros de la ONU dieron un paso histórico el pasado 24 de diciembre al adoptar la primera Convención sobre el Delito Cibernético, un acuerdo que se gestó tras cinco años de intensas negociaciones. Esta convención es vista como un avance crucial en la lucha contra un fenómeno que ha cobrado relevancia en un mundo cada vez más conectado.
En la actualidad, aproximadamente el 67,4% de la población global tiene acceso a Internet, lo que ha facilitado tanto la comunicación y el comercio como el acceso a la información. Sin embargo, esta conectividad también conlleva riesgos significativos, dejando a más de dos tercios de la población expuestos al delito cibernético. Los cibercriminales utilizan técnicas como malware, ransomware y piratería para robar información valiosa, lo que repercute negativamente en economías y sociedades. En regiones como el sureste asiático, estas actividades han alcanzado niveles alarmantes, convirtiéndose en un verdadero desafío para la seguridad digital.
Uno de los grandes logros de esta convención es la mejora en la cooperación internacional en la investigación de delitos transnacionales. La descentralización de los datos y su almacenamiento en múltiples jurisdicciones complican el acceso a las pruebas necesarias para perseguir a los delincuentes. Sin embargo, la nueva convención establece un marco que permite el intercambio de datos electrónicos y crea una red de cooperación que opera las 24 horas, facilitando la colaboración entre Estados para investigar y procesar delitos.
La Convención también se centra en la protección de los más vulnerables, especialmente los niños. Con la proliferación de redes sociales y aplicaciones, los depredadores tienen mayores oportunidades para perpetrar abusos. Este acuerdo internacional es el primero en su tipo que especifica medidas para proteger a los menores contra la violencia sexual en el ámbito digital, ofreciendo herramientas robustas a los gobiernos para combatir estos crímenes.
Además, la Convención contempla la importancia de apoyar a las víctimas de delitos cibernéticos, buscando garantizar su recuperación y el acceso a mecanismos de compensación. La protección y asistencia serán parte fundamental de las obligaciones que asumirán los Estados signatarios, creando un entorno más seguro para todos.
Por último, además de responder a incidentes ya ocurridos, la Convención aboga por la prevención como clave en la lucha contra el delito cibernético. Los Estados se ven incentivados a implementar medidas que reduzcan los riesgos y amenazas, lo que incluye capacitación en el sector público y privado y programas de rehabilitación para delincuentes. Esta visión integral pretende no solo mitigar el impacto del crimen cibernético, sino también fortificar la resiliencia de las sociedades ante este fenómeno creciente.
Fuente: ONU últimas noticias
