En 2023, Europa ha registrado un notable fenómeno migratorio. Un total de 4,3 millones de personas emigraron a la Unión Europea (UE) desde países fuera de esta, reflejando una disminución del 17,9% con respecto al año anterior, cuando la cifra alcanzó los 5,3 millones. Este descenso en la inmigración no incluye a los solicitantes de asilo y refugiados de Ucrania que se encuentran bajo protección temporal en varios países de la UE. Adicionalmente, 1,5 millones de individuos se trasladaron entre los países de la UE, un número que se mantuvo estable en comparación con 2022.
De acuerdo con datos recientes publicados por Eurostat, se estima que, en promedio, hay aproximadamente 10 inmigrantes de países no pertenecientes a la UE por cada 1.000 residentes en el bloque. Este promedio resalta las diferencias dentro de la Unión, donde algunos estados miembros experimentan tasas de inmigración significativamente más altas que otros.
Malta se posiciona como el país con la mayor tasa de inmigración, con 76 inmigrantes por cada 1.000 residentes, seguido de Chipre con 43 y Luxemburgo con 40. En el lado opuesto de la balanza, Eslovaquia reporta la tasa más baja, con solo 1 inmigrante por cada 1.000 residentes, seguida de Francia con 6 y Italia con 7.
El análisis también revela que, en la mayoría de los países de la UE, el número de inmigrantes de fuera del bloque supera al de aquellos que llegan de otros estados miembros. Las excepciones a esta tendencia son Luxemburgo y Eslovaquia, donde un 85,7% y 57,5% de los inmigrantes, respectivamente, provienen de otros países de la UE. En contraste, los porcentajes más altos de inmigrantes de países ajenos a la UE se registran en la República Checa (89,2%), Lituania (88,9%) e Irlanda (87,2%).
Este panorama migratorio pone de relieve no solo la capacidad de acogida de los países europeos, sino también las tensiones políticas y sociales que pueden surgir a medida que la región se adapta a flujos migratorios diversos y en constante cambio. La variabilidad en las tasas de inmigración también puede reflejar diferencias en políticas migratorias, condiciones económicas, y la percepción pública hacia la migración en cada país.
