En los últimos años, individuos y corporaciones con amplios recursos han recurrido a demandas civiles para silenciar a sus oponentes. Estas Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública, conocidas como SLAPPs, no están destinadas a ganar en los méritos legales, sino a acosar a periodistas, activistas y consumidores para que se queden en silencio, demandándolos por expresiones protegidas. Aunque 34 estados de EE. UU. cuentan con leyes que protegen contra estos abusos, a nivel federal aún no existe una protección efectiva.
Hoy, los representantes Jamie Raskin y Kevin Kiley han presentado la Ley de Protección a la Libertad de Expresión, una legislación bipartidista que representa una de las mejores oportunidades en años para asegurar una sólida protección federal para periodistas, activistas y ciudadanos que enfrentan demandas acosadoras y sin fundamento. Esta ley podría ser una herramienta crucial para frenar el uso de las SLAPPs como armas legales que benefician a los poderosos.
Las SLAPPs son frecuentemente utilizadas por individuos o empresas que han sido criticados públicamente, que utilizan estas demandas como una forma de intimidación. Los demandantes en estos casos no necesariamente buscan ganar en el tribunal; a menudo, su objetivo es ejercer presión a través del estrés causado por el litigio y el alto costo de la defensa legal, lo que puede silenciar o amedrentar a los denunciantes.
Las leyes anti-SLAPP a nivel estatal han demostrado ser efectivas, pero su aplicación en corte federal es limitada, lo que permite que ciertos demandantes manipulen el sistema judicial, eligiendo presentar sus demandas en jurisdicciones con leyes débiles o inexistentes en cuanto a SLAPP.
A lo largo de los años, han surgido varios ejemplos de cómo las SLAPPs han sido utilizadas para atacar a activistas y críticos online. Un caso notable involucró a activistas de Uniontown, Alabama, quienes fueron demandados por una empresa que depositó cenizas tóxicas en su vertedero local, buscando $30 millones en concepto de difamación. Otro ejemplo fue el de Shiva Ayyadurai, quien demandó a un blog por publicar artículos que cuestionaban su afirmación de haber «inventado el correo electrónico», presentando una demanda por $15 millones. Finalmente, el congresista Devin Nunes presentó varias demandas contra críticos en Twitter, utilizando estrategias legales en estados con leyes anti-SLAPP deficientes.
La Ley de Protección a la Libertad de Expresión otorga a los demandados en estos casos la capacidad de presentar una moción especial para desestimar la demanda ante el tribunal, el cual deberá decidir en un plazo de 90 días. Si se concede la moción, las reclamaciones se desestiman, y en muchos casos, los demandantes que prevalecen pueden recuperar los costos legales del demandante.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) lleva más de 30 años defendiendo los derechos de los oradores en línea, y destaca que una legislación federal sólida contra las SLAPPs acercaría a la sociedad a un entorno en línea que permita a cualquier persona expresarse y organizarse para el cambio, especialmente contra aquellos con más poder y recursos. La EFF urge al Congreso a aprobar la Ley de Protección a la Libertad de Expresión.
Fuente: EFF.org
