El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha emitido un contundente pronunciamiento sobre la situación de tres niñas, una de Ecuador y dos de Nicaragua, quienes se convirtieron en víctimas de embarazos forzados tras sufrir violaciones. En un comunicado publicado el pasado lunes, el Comité subrayó que obligar a estas menores a llevar a término embarazos no deseados es una violación no solo de su derecho a decidir, sino que también constituye un ataque a su derecho a una vida digna.
Las denunciantes, que han sido identificadas con seudónimos como Norma, Susana y Lucía, presentaron sus casos ante el Comité tras la inacción de las autoridades de sus países respecto a las violaciones sufridas. Norma, de 13 años, quedó embarazada tras ser víctima de incesto por parte de su padre, quien ya había sido denunciado por abusos a otras menores. A pesar de que el aborto terapéutico es legal en Ecuador, su acceso es prácticamente inexistente, lo que obligó a la niña a llevar su embarazo a término en condiciones de pobreza y con escasas oportunidades de educación.
Susana, con una historia igualmente desgarradora, fue víctima de abuso sistemático por parte de su abuelo desde la infancia. Tras quedar embarazada a los 12 años, su situación empeoró cuando las autoridades le informaron que no podían garantizar su seguridad debido a que su abuelo pertenecía a un grupo armado. Así, tuvo que criar a su hijo en un ambiente de inseguridad y peligrosidad.
Lucía, también nicaragüense, sufrió repetidos abusos a manos de un sacerdote de su comunidad, antes de quedar embarazada a los 13 años. A pesar de presentar una denuncia, el hecho de que su agresor tenía una posición social privilegiada complicó cualquier acción judicial, dejándola sin acceso al aborto y obligándola a atravesar un parto doloroso, durante el cual fue tratada de manera despectiva por el personal médico.
El Comité ha criticado la falta de respuesta y acción por parte de Ecuador y Nicaragua, calificándola como una omisión grave por parte de los Estados, que tienen la obligación de proteger a las menores de violencia sexual. Además de los casos específicos, el Comité llamó la atención sobre la necesidad de cambiar las condiciones sociales que amenazan el derecho a la vida y la dignidad de las niñas.
Entre las recomendaciones urgentes, se exigió a ambos países la adopción de medidas para reparar los daños causados a las niñas y garantizar su acceso a educación y atención psicológica. Asimismo, se hizo un llamado a combatir la violencia sexual y ofrecer educación adecuada sobre salud sexual y reproductiva, así como acceso efectivo a servicios de aborto para las víctimas de violencia sexual.
Fuente: ONU últimas noticias
