Catorce entidades representativas del sector de la bicicleta compartida en España han firmado un Manifiesto que solicita su inclusión en el Plan que el país deberá presentar ante la Comisión Europea. Entre los firmantes se encuentran AMBE, Bird, Bolt, Cooltra, Donkey, Dott, Fifteen, Inurba Mobility, Lime, Movus, Nextbike, Ridemovi, Serveo y Voi. Estas organizaciones consideran que el Fondo Social para el Clima brinda una oportunidad histórica para garantizar el acceso a modos de transporte sostenibles, destacando que la presencia de bicicletas compartidas en España es notablemente inferior a la de países como los Países Bajos o Dinamarca.
A medida que se acerca la fecha límite para la elaboración del Plan Nacional que se enviará a Bruselas, las entidades han trabajado en conjunto, desarrollando el «Manifiesto de los actores de la bicicleta compartida en España para el Fondo Social para el Clima». Este esfuerzo surge de meses de diálogo y reuniones técnicas con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en un intento por contribuir a una movilidad más justa y sostenible.
Los firmantes del Manifiesto piden medidas concretas para asegurar un acceso equitativo a la movilidad, dejando claro que el desafío va más allá de solo ampliaciones de infraestructuras. Se enfatiza la necesidad de democratizar las opciones de movilización en diferentes contextos, particularmente en municipios medianos y áreas con riesgo de exclusión social. En la actualidad, España cuenta con tres veces menos bicicletas compartidas por cada 10,000 habitantes que en los Países Bajos o Dinamarca y la mitad que en Francia, lo que pone de manifiesto una clara oportunidad de impulso para este modelo de transporte.
La bicicleta compartida se presenta como una solución clave para abordar los retos de movilidad en el país, garantizando acceso equitativo y sostenible al transporte urbano. Si se incorporara en el Fondo Social para el Clima, se proyecta un aumento de hasta 100,000 bicicletas compartidas para 2030, una reducción anual de 200,000 toneladas de emisiones de CO₂, y una disminución de al menos un 10% en el uso del vehículo privado en áreas urbanas, generando además más de 5,000 empleos.
Además, el Manifiesto subraya la importancia de incluir criterios como accesibilidad y coste de movilidad en la planificación de nuevas políticas públicas. Jesús Freire, secretario general de AMBE y portavoz del Manifiesto, advirtió que la bicicleta compartida es fundamental para cumplir los objetivos climáticos y mejorar la movilidad urbana. En 2024, BiciMAD superó los 9.8 millones de viajes, con un incremento del 30% respecto al año anterior, evidenciando el crecimiento del uso de este medio de transporte.
Entre las propuestas para el Fondo Social para el Clima destacan la promoción de la intermodalidad en el transporte, la optimización de sistemas existentes de bicicletas compartidas, la creación de un bono social aplicable a este servicio y la expansión de la bicicleta compartida en municipios medianos y pequeños. También se sugiere la creación de un programa de micro subvenciones que fomente la movilidad sostenible en áreas con menor demanda.
Estas iniciativas buscan no solo mejorar el acceso a la movilidad sostenible en las ciudades, sino también garantizar un enfoque inclusivo que beneficie a toda la población, en especial a aquellos con menor acceso a medios de transporte adecuados.