En un contexto global marcado por el retroceso democrático, el aumento de conflictos y la reducción del espacio cívico, la igualdad de género y los derechos de las mujeres están enfrentando un desafío sin precedentes. Sarah Hendriks, directora de Políticas de ONU Mujeres, enfatizó en una reciente rueda de prensa en Nueva York que este fenómeno se refleja incluso en los sistemas de justicia, que no son ajenos a las presiones sociales actuales.

Un informe titulado «Garantizar y fortalecer el acceso a la justicia de todas las mujeres y niñas» revela que a nivel mundial las mujeres disfrutan apenas del 64% de los derechos jurídicos que tienen los hombres. Esta alarmante brecha las sitúa en una posición vulnerable, exponiéndolas a la discriminación, la violencia y la exclusión en todos los ámbitos de la vida.

Las estadísticas presentadas son devastadoras. En más de la mitad de los países del mundo, el 54%, la violación todavía no se define legalmente a partir del consentimiento, lo que significa que en muchos lugares una mujer puede ser víctima de este delito sin que la ley lo reconozca como tal. Además, en casi tres de cada cuatro países, las legislaciones permiten el matrimonio infantil forzado, y el 44% carece de normas que exijan igualdad salarial por trabajo de igual valor.

Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, advirtió que cuando el sistema de justicia falla a las mujeres y niñas, los efectos son mucho más amplios que un caso aislado. La erosión de la confianza pública y la pérdida de legitimidad de las instituciones son consecuencia directa de esta injusticia. Bahous enfatizó: «Un sistema de justicia que no asume sus obligaciones con la mitad de la población no puede pretender trabajar por la justicia».

El informe también destaca el incremento de reacciones hostiles hacia los compromisos con la igualdad de género, siendo la impunidad tanto en los tribunales como en los espacios digitales un factor determinante en el aumento de las violaciones de derechos. Las leyes están siendo reescritas para restringir las libertades de mujeres y niñas, aumentando así el riesgo de abusos.

En 2024, más de 676 millones de mujeres y niñas vivían a menos de 50 kilómetros de un conflicto violento, lo que representa la cifra más alta desde los años noventa. Las violaciones de violencia sexual relacionadas con conflictos han aumentado un 87% en solo dos años, lo que refleja una crisis sin precedentes.

Ante esta situación, Hendriks subrayó la necesidad de reformas en los sistemas judiciales «diseñadas por mujeres y para mujeres» antes de 2030. La urgencia es palpable, ya que casi el 90% de las organizaciones dedicadas a poner fin a la violencia contra mujeres y niñas ha reportado recortes en servicios esenciales, y solo el 5% considera que podrá mantener su situación actual más allá de dos años. La comunidad internacional debe actuar de manera decisiva para cambiar esta tendencia y garantizar la justicia y los derechos para todas las mujeres y niñas.
Fuente: ONU últimas noticias