A finales de septiembre, el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció los planes de su gobierno para introducir un nuevo esquema de identificación digital que entrará en vigor antes de finalizar la legislatura, a más tardar en agosto de 2029. Este sistema tiene como objetivo simplificar el proceso de verificación de identidad al crear una identificación virtual en dispositivos personales que contendrá información fundamental como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad o estatus de residencia, así como una fotografía que acredite el derecho a vivir y trabajar en el país.
No obstante, esta iniciativa ha suscitado preocupaciones sobre la compatibilidad del sistema con los principios democráticos que defienden la privacidad y los derechos humanos. En el último año, hemos visto un aumento en la exploración de identificaciones digitales en diversas partes del mundo, incluyendo la búsqueda de agencias federales en Estados Unidos por implementar estas tecnologías para prevenir fraudes. Sin embargo, críticos sostienen que el ID digital no es adecuado para todas las personas y que los responsables de políticas deben garantizar un mejor acceso, independientemente de si disponen de una identificación digital o no.
A pesar de las advertencias de organizaciones de la sociedad civil sobre los riesgos asociados con la implementación de este sistema, el gobierno del Reino Unido avanza con su plan. En su anuncio inicial, Starmer sugirió que la falta de un ID digital impediría a las personas trabajar en el Reino Unido. Aunque después tuvo que aclarar que esta obligación solo se aplicará tras la introducción del esquema en 2028, las organizaciones han expresado su preocupación sobre la posibilidad de que la recolección de datos sirva para ampliar el acceso a más servicios y experiencias, lo que podría generar un ambiente de desconfianza y control estatal.
A medida que el debate sobre la inclusión versus la exclusión avanza, el gobierno ha indicado que habrá una consulta pública destinada a explorar alternativas para quienes carezcan de acceso a pasaporte, internet o teléfonos inteligentes. Sin embargo, muchos argumentan que estas alternativas pueden no ser viables a largo plazo y que un gran número de personas, incluidas las más vulnerables, corre el riesgo de ser marginado en este nuevo sistema.
El ID digital también plantea serias inquietudes con respecto a la privacidad. Críticos han señalado que estos sistemas podrían facilitar un aumento en la supervisión y el rastreo de datos personales, lo que representa una amenaza para la privacidad individual. Además, el gobierno ha manifestado que la información asociada con el sistema de ID digital estará resguardada en entornos de nube seguros dentro del Reino Unido, pero las dudas persisten sobre la capacidad del gobierno para manejar adecuadamente los datos, a la luz de fracasos anteriores con sistemas de identificación digital.
La oposición a este esquema se ha intensificado, con casi tres millones de personas firmando una petición que rechaza la implementación de IDs digitales obligatorios. El 8 de diciembre, los políticos debatirán esta petición en el Parlamento, lo que promete avivar aún más un debate crucial sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos fundamentales en la era digital. La eficacia y la justificación del sistema propuesto aún están en tela de juicio, y muchos piden al gobierno que escuche las preocupaciones de la población y desista de sus planes para la identificación digital obligatoria.
Fuente: EFF.org
