Recientes informes han puesto de relieve que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) está intentando crear un consorcio de datos dentro de la comunidad de inteligencia, una plataforma en línea donde las agencias de espionaje y las fuerzas del orden podrían acceder y comprar datos personales muy sensibles sobre los ciudadanos, recopilados por corredores de datos. Este desarrollo no solo representa una escalada monumental de un sistema ya injusto, sino que también es un indicador alarmante de que la privacidad de los ciudadanos es de poco valor para las entidades de inteligencia.
La situación se asemeja a un centro comercial donde todas las tiendas son operadas por corredores de datos, quienes ofrecen información personal que ha sido recopilada a través de aplicaciones de telefonía móvil. Dependiendo de los permisos otorgados y las aplicaciones instaladas en el dispositivo, esta información podría abarcar contactos, datos financieros, hábitos de navegación e incluso la geolocalización constante del usuario. Lo más preocupante es que, en este «centro comercial», los únicos clientes serían agentes de la ley y oficiales de inteligencia que, en lugar de presentar evidencias ante un juez para obtener una orden de registro, solamente necesitarían acceso a fondos públicos para adquirir esta información.
Documentos contractuales recientemente revelados indican que esta es la intención de la ODNI. Mientras tanto, a nivel estatal, diversas legislaturas buscan cerrar las brechas que permiten que el gobierno compre datos privados que, de otro modo, requerirían una orden judicial para acceder a ellos. Montana se ha convertido en el primer estado en prohibir a la policía la compra de datos como la geolocalización obtenida a través de aplicaciones móviles. En el ámbito federal, la Electronic Frontier Foundation apoya la propuesta de ley conocida como «El Cuarto Enmienda No Está en Venta», que persigue cerrar esta brecha en la legislación sobre el uso de datos de corredores, aunque la medida ha enfrentado obstáculos en el Senado tras haber pasado en la Cámara de Representantes.
Pese a la oposición y a la creciente preocupación pública, el gobierno federal continúa apostando por esta política problemática. Una ODNI que realmente se preocupara por proteger las libertades civiles debería estar buscando formas de cerrar las brechas que permiten la vigilancia injustificada. Por ello, se hace un llamado a la ODNI para que reconsidere sus planes respecto al consorcio de datos, y se urge a los legisladores a finalizar la legislación que busca proteger la privacidad de los ciudadanos cerrando de una vez por todas el acceso de las agencias gubernamentales a los datos obtenidos sin orden judicial. Se invita a todos los defensores de la privacidad a exigir cuentas al gobierno en este asunto crítico.
Fuente: EFF.org
