La problemática de la inquiokupación, un fenómeno que afecta a muchos propietarios de inmuebles alquilados, se ha vuelto un tema central en el debate sobre la vivienda. Esta situación ocurre cuando un inquilino, luego de haber firmado un contrato de arrendamiento, deja de pagar la renta y se queda en la propiedad mientras el propietario busca recuperar su hogar. Este proceso puede llevar a los arrendadores a enfrentarse a un costo medio de 2.430 euros por expediente desde el primer impago y una espera cercana a los 278 días para recuperar la vivienda.
Durante este tiempo, los propietarios no solo pierden los ingresos por el alquiler, sino que también deben hacerse cargo de varios gastos asociados al inmueble, incluyendo la hipoteca, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), las cuotas de la comunidad y el mantenimiento. La situación se complica aún más si el inmueble presenta daños o deudas acumuladas que no se pueden recuperar.
Desde la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) advierten que el foco del debate suele recaer en la terminología de la situación, comparándola con la okupación ilegal, ignorando su impacto económico real. El director de SEAG, Pedro Bretón, sostiene que esta normalización del problema no puede ser asumida por un propietario particular, quien se convierte en un financiación involuntaria de un sistema que no ofrece soluciones rápidas. «La protección social pertenece a las administraciones, no puede ser que se sostenga a costa de suspender los ingresos de una familia por meses», afirmó Bretón.
La entidad también señala que la inacción ante la inquiokupación no solo afecta a los propietarios que sufren impagos. La falta de una respuesta rápida incrementa la percepción de riesgo, lo que puede llevar a los propietarios a solicitar mayores garantías, realizar procesos de selección más estrictos o incluso retirar sus viviendas del mercado.
Para abordar el problema, SEAG pide a la Administración que se adopte una perspectiva jurídica y económica que contemple procedimientos más rápidos y medidas públicas para atender a las familias vulnerables. «Es fundamental proteger al arrendador frente al impago y atender adecuadamente la vulnerabilidad social de manera complementaria, no exclusiva de una de las partes», concluye Bretón.
