Los reguladores estatales, federales e internacionales están cada vez más preocupados por los daños que creen que internet y las nuevas tecnologías están causando a los usuarios en diversas categorías. En este contexto, los legisladores están considerando numerosas propuestas que buscan ofrecer protección a los más vulnerables. Sin embargo, a menudo dichas propuestas no tienen en cuenta las posibles consecuencias no deseadas ni si realmente lograrán reducir los daños que pretenden abordar.
Un ejemplo de iniciativas de protección se encuentra en la nueva reintroducción de la «Ley Mi Cuerpo, Mis Datos» impulsada por la representante Sara Jacobs. Esta legislación está diseñada para salvaguardar la privacidad y la seguridad de aquellos que buscan atención en salud reproductiva, al tiempo que mantiene importantes protecciones constitucionales y evita la erosión de la encriptación de punto a punto.
La privacidad nunca debería ser un obstáculo para el acceso a la salud, tal como argumenta esta ley de sentido común. Se exigirá a las empresas y organizaciones no gubernamentales que manejen de manera responsable la información personal relacionada con la atención en salud reproductiva, restringiéndolas de recoger, usar, conservar o divulgar datos de salud reproductiva que no sean esenciales para el servicio solicitado.
Estas restricciones se aplican a las compañías que recogen información relacionada con la salud reproductiva o sexual de una persona, incluyendo datos sobre embarazo, menstruación, cirugías, interrupción del embarazo, anticoncepción, temperatura basal del cuerpo o diagnósticos. Esto significa que la ley protegerá a quienes utilizan aplicaciones para el seguimiento de la fertilidad o el ciclo menstrual o buscan información sobre servicios de salud reproductiva.
La propuesta cuenta con el respaldo de diversas organizaciones, entre ellas Planned Parenthood Federation of America y la National Women’s Law Center, que valoran la importancia de la privacidad de los datos en el contexto de la salud reproductiva. Además de las restricciones sobre el procesamiento de datos, la ley otorgaría a las personas derechos para acceder y eliminar información relacionada con su salud reproductiva. Las empresas también estarían obligadas a publicar políticas de privacidad claras que expliquen qué información procesan y por qué, así como a cumplir con sus promesas de protección de datos.
Por otro lado, la ley establece un fuerte derecho de acción privada, permitiendo a las personas demandar a las empresas que violen su privacidad. Esto no solo empodera a los individuos, sino que también asegura que las compañías tomen en serio las regulaciones.
Aunque la ley de la representante Jacobs establece una base de privacidad nacional crucial, también permite a los estados la posibilidad de aprobar leyes más estrictas o complementarias que protejan aún más la privacidad de los datos de quienes buscan atención en salud reproductiva. La representante Jacobs, junto con los senadores Mazie Hirono y Ron Wyden, ha tomado la iniciativa de impulsar esta legislación, destacando la relevancia de la protección de datos como un elemento fundamental de la justicia reproductiva.
Fuente: EFF.org
