La contratación pública en España se encuentra en el centro de un debate crucial, marcado por preocupaciones relacionadas con la eficacia y la competitividad de los procesos de adjudicación. Según un análisis realizado por la plataforma licitaciones.io, se ha detectado una notable reducción de la competencia efectiva en las licitaciones, especialmente en aquellos casos donde los pliegos se apoyan en bases instaladas, repuestos específicos o referencias cerradas de catálogo.
Los datos provenientes de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) indican que casi el 40% de las adjudicaciones se resuelven con un único licitador, excluyendo los procedimientos negociados sin publicidad. Además, se ha registrado un descenso en la concurrencia media, que ha caído a 2,99 ofertas por procedimiento en el año 2023, marcando el nivel más bajo de la historia y significativamente por debajo de las 4,09 ofertas de 2019.
Ignacio Huertas, fundador de licitaciones.io, advierte que estos datos deben interpretarse como una señal de alerta sobre la estructura del mercado. En lugar de ver una variedad de competencias tecnológicas o soluciones alternativas, a menudo se observa una competencia limitada a distribuidores autorizados de una misma marca. Huertas sostiene que «la competencia no se defiende el día de la adjudicación, se gana o se pierde cuando se redacta el pliego».
La dependencia de proveedores, aunque no siempre implica corrupción, puede convertirse en un problema cuando se solidifica sin revisión a lo largo del tiempo. Licitaciones.io destaca la necesidad de evaluar esta dependencia, que a menudo surge de decisiones técnicas que, aunque razonables, pueden llevar a una falta de alternativas competitivas. Las condiciones de los pliegos, la agrupación de prestaciones y la gestión de contratos prolongados pueden crear un entorno en el que la única opción sea un proveedor específico.
Huertas aclara que la legalidad de estas prácticas no se traduce en competitividad y que, en última instancia, pueden vaciar la esencia de la concurrencia. Además, subraya que la falta de competencia afecta no solo al precio, sino también a la capacidad de negociación de la Administración, que podría acabar pagando más por servicios. En sectores críticos como el ferroviario, sanitario o energético, depender de un solo proveedor puede convertirse en una vulnerabilidad estratégica, haciendo que cambiar de tecnología sea complicado e incluso inviable.
Concluyendo su análisis, Huertas argumenta que el principal obstáculo para mejorar esta situación no es técnico ni normativo, sino la falta de voluntad para diseñar licitaciones verdaderamente abiertas. En lugar de considerar la exclusividad de un licitador como algo anecdótico, es fundamental verlo como un indicador que requiere atención y acción. Este reconocimiento podría ser un primer paso hacia una contratación pública más efectiva y competitiva en España.
