El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado su gran preocupación por la alarmante tasa de feminicidios y violencia sexual contra mujeres y niñas en Ecuador. En la reciente presentación de su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país sudamericano, el Comité destacó la escasez de condenas por estos delitos y la falta de servicios adecuados de protección y apoyo para las víctimas.
Aunque se ha aprobado la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, los expertos hicieron hincapié en que la violencia sexual en escuelas y hogares es un fenómeno común. Además, criticaron la falta de información sobre las medidas para implementar esta normativa, lo que afecta principalmente a mujeres afrodescendientes, indígenas y aquellas que viven en zonas rurales o remotas. Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité, subrayó la insuficiencia de las indemnizaciones previstas para las víctimas y la necesidad de una investigación a fondo en todos los casos de violencia.
En el ámbito de los derechos reproductivos, los especialistas señalaron los esfuerzos del Estado por mejorar el acceso a servicios de salud y educación sexual, así como por prevenir el embarazo adolescente, especialmente el resultado de violencia sexual. Sin embargo, el aborto sigue siendo un delito, salvo en casos específicos, y los expertos pidieron garantías para el acceso seguro y legal a la interrupción del embarazo, incluso en circunstancias en que llevarlo a término representaría un sufrimiento considerable para la mujer.
El informe también abordó la situación del estado de excepción en Ecuador, que ha estado vigente durante seis meses. Se mencionaron violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias y torturas, vinculadas a disturbios internos. Se registraron 35.000 detenciones entre enero y junio, lo que el Comité consideró un número excesivo, dado que, aunque la mayoría de los detenidos fueron liberados rápidamente, la recurrencia a esta medida planteó serías preocupaciones sobre el respeto a los derechos fundamentales.
Asimismo, el Comité se centró en la sobrepoblación carcelaria y las difíciles condiciones en las prisiones, agravadas desde la militarización del sistema penitenciario. Con más de 600 muertes violentas reportadas en los últimos años, los expertos exigieron al Estado reducir la sobrepoblación en los centros penitenciarios y proporcionar condiciones de vida dignas para los reclusos.
Por último, se abordaron las preocupaciones sobre la corrupción en el poder judicial. El Comité advirtió que estas prácticas comprometen el estado de derecho, resaltando investigaciones en curso sobre sobornos a funcionarios judiciales por parte de estructuras criminales. Instaron al Estado a investigar todos los casos de corrupción y a proteger a los jueces y fiscales frente a amenazas y agresiones, poniendo de relieve la necesidad de restaurar la confianza pública en el sistema judicial ecuatoriano.
Fuente: ONU últimas noticias
