La Ley de la Segunda Oportunidad, conocida oficialmente como Ley 25/2015, cumple diez años en España, habiéndose convertido en una herramienta vital para muchos ciudadanos y autónomos que enfrentan dificultades financieras. Desde su implementación el 28 de julio de 2015, la legislación ha permitido que miles de familias inicien una nueva etapa en sus vidas, aunque su efectividad aún se ve limitada por la exclusión de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
Uno de los principales obstáculos que persiste tras una década es la imposibilidad de cancelar las deudas fiscales, lo que impide a muchos deudores liberarse de sus cargas económicas de manera efectiva. En contraste con las normativas de otros países europeos, donde la exoneración de estas deudas es común, España establece restricciones que agravan la situación de los que buscan una segunda oportunidad, dejando a muchos atrapados en un ciclo de exclusión económica y social.
A lo largo de los años, la Ley ha experimentado diversas reformas. En 2019, el Tribunal Supremo dio un paso positivo al abrir la puerta a la cancelación parcial de las deudas con Hacienda y Seguridad Social, bajo condiciones específicas. Sin embargo, las reformas más significativas se dieron entre 2020 y 2021, cuando la ley adquirió mayor popularidad tras la crisis derivada de la pandemia. El número de personas que se acogieron a este procedimiento aumentó, a pesar de que el proceso se mantiene complejo.
En 2022, la gran reforma concursal introdujo cambios significativos, aunque la limitación de la exoneración a 10.000 euros por organismo ha generado críticas. Para 2023 y 2024, el denominado concurso sin masa ha permitido una mejor gestión del proceso, con un incremento notable en las solicitudes y una mayor visibilidad de la Ley como vía para reiniciar la vida financiera.
La comparación con otros países europeos revela la desventaja de España en este ámbito. A diferencia de naciones como Francia, Alemania o Italia, donde las deudas fiscales también pueden ser canceladas, España mantiene estas obligaciones fuera del alcance de la Ley de la Segunda Oportunidad.
A una década de su creación, persisten importantes interrogantes sobre el futuro de la ley. ¿Por qué se mantiene esta excepción en comparación con Europa? ¿Cuándo se permitirá la cancelación total de deudas públicas en España? A pesar de estos desafíos, organizaciones como Atalanta y Abogadas continúan luchando para que la ley cumpla con su propósito original y ofrezca una auténtica segunda oportunidad a aquellos que más lo necesitan. La esperanza de poder resolver la asignatura pendiente con Hacienda y Seguridad Social sigue presente, en busca de un horizonte más favorable para los deudores en el país.
