Un reciente informe revela que, a pesar de haber cambiado el nombre de un controvertido programa federal que monitorea las actividades en redes sociales de inmigrantes y visitantes extranjeros, el gobierno de Estados Unidos ha asignado más de 100 millones de dólares para continuar con esta vigilancia. Los registros obtenidos por la Electronic Frontier Foundation (EFF) muestran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han proseguido con un esfuerzo inicialmente denominado «exámenes exhaustivos», destinado a evaluar si los inmigrantes representan alguna amenaza al monitorear su presencia en internet y redes sociales. El programa ha sido renombrado como la Iniciativa de Evaluación del Ciclo de Vida de Visas.
Los detalles de este programa fueron revelados tras una demanda interpuesta por EFF en 2022 para obtener información sobre la continuación de esta iniciativa, que fue proposta durante la presidencia de Donald Trump y que ha seguido vigente bajo la administración de Joseph Biden. A pesar de su rebranding, el programa genera preocupaciones significativas sobre la libertad de expresión y el primer enmienda, ya que podría inhibir la libre expresión de quienes buscan ingresar a Estados Unidos y permitir a los funcionarios tomar represalias contra aquellos que expresan opiniones que no son del agrado del gobierno.
Los documentos filtrados indican que una de las metas del programa es identificar «información despectiva» sobre los solicitantes de visa y otros visitantes, un término que podría incluir cualquier expresión crítica hacia el gobierno de EE.UU. Desde EFF se ha instado a DHS a abandonar este tipo de vigilancia, ya que puede llevar a etiquetar injustamente a personas como amenazas y a discriminarlas en función de sus opiniones.
Además, los registros contienen correos electrónicos que revelan los esfuerzos del gobierno por modificar la percepción pública de esta iniciativa. Un funcionario de ICE admitió que, tras recibir críticas tanto de diversos sectores como del Congreso, se decidió cambiar el nombre del programa original a su actual denominación.
El contrato que asegura la financiación del programa ha sido otorgado a SRA International, Inc., una contratista del gobierno que, tras fusionarse con otra compañía, ahora es propiedad de General Dynamics. La cantidad específica del contrato es de 101,155,431.20 dólares. También se han detallado los intentos de otras empresas por impugnar la decisión del DHS, aunque gran parte de los contenidos relacionados ha sido censurada.
La EFF ha presentado además un desafío legal contra una práctica del Departamento de Estado que exige a los solicitantes de visa registrar sus cuentas de redes sociales, un requisito que consideran invasivo y discriminatorio. La documentación relacionada con esta situación está disponible para el público en línea, permitiendo una mayor transparencia sobre un aspecto controvertido de las políticas de inmigración y seguridad nacional en Estados Unidos.
Fuente: EFF.org
