El consumo y la oferta de cocaína han alcanzado niveles sin precedentes, según un informe reciente de la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC). En el estudio se destaca que un 6% de la población mundial, lo que equivale a 316 millones de personas, consume algún tipo de droga ilegal. La producción de cocaína se ha disparado en 2023, alcanzando 3,708 toneladas, una cifra casi un 34% superior a la del año anterior. Este aumento en la producción se atribuye principalmente al incremento de cultivos ilícitos de arbusto de coca en Colombia, que actualmente ocupa 253,000 hectáreas de un total de 376,000 en toda Sudamérica.
Mientras tanto, en Bolivia la superficie destinada a la producción de hoja de coca se ha estabilizado, y en Perú ha registrado una leve disminución. El consumo ha crecido notablemente, pasando de 17 millones de usuarios en 2013 a 25 millones en la actualidad. Las consecuencias de este tráfico son evidentes en países como Ecuador, donde la violencia relacionada ha multiplicado por cinco las tasas de homicidio en solo tres años.
En un contexto distinto, el ejército israelí ha llevado a cabo una serie de ataques en Gaza durante las últimas 24 horas, resultando en la muerte de al menos 103 palestinos, según cifras del Ministerio de Sanidad de la región. En Cisjordania, tres personas han muerto a causa de disparos de soldados israelíes. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha reportado «ataques coordinados» en aldeas de Ramala y Nablus, resaltando el complejo panorama de violencia en la región.
Por otro lado, en Gaza, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha logrado entregar su primer envío médico desde marzo, que incluye nueve camiones con suministros esenciales, lo que se considera un alivio ante la escasez de recursos en los hospitales locales.
En Perú, expertos de la ONU han denunciado el enfoque punitivo del sistema penitenciario tras una visita a varias prisiones, señalando el grave hacinamiento y el uso extendido de la prisión preventiva. Resaltan que la reciente ley que considera a jóvenes de 16 y 17 años como adultos en el sistema penal agrava aún más la situación, generando preocupaciones sobre los derechos de los adolescentes en dicho contexto.
Fuente: ONU últimas noticias
