Colombia enfrenta una complicada realidad marcada por la violencia, la proliferación de grupos armados ilegales y el creciente riesgo que padecen los defensores de los derechos humanos y líderes sociales. Este contexto fue destacado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos durante la presentación de su informe más reciente sobre la situación de los derechos en el país.
La labor de esta oficina, que se ha vuelto crucial en la actual coyuntura, se verá comprometida debido a la falta de recursos, lo que obligará al cierre de tres de sus oficinas en Colombia, lo que reducirá su presencia en el territorio. En la exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Maarit Kohonen Sheriff, directora de la División de Operaciones Globales, explicó que desde julio de 2023, la dependencia ha enfrentado una crisis financiera que ha disminuido su capacidad de respuesta. La finalización de las contribuciones de diversos donantes prevista para 2025 acentuará esta situación, resultando en el cierre de oficinas en Medellín, Neiva y Villavicencio, afectando la cobertura de ocho departamentos y poniendo en riesgo el empleo de casi la mitad del personal.
El impacto de estos cierres ya se ha comenzado a sentir entre las comunidades, lo que ha generado angustia y preocupación entre los habitantes, algunos de los cuales están visiblemente afligidos por la noticia. Kohonen Sheriff advirtió que la reducción de la protección en áreas donde operan actores armados no estatales aumentará las amenazas a los defensores de derechos humanos y limitará la asistencia técnica a la Policía para evitar el uso excesivo de la fuerza.
El informe también hace un llamado al gobierno colombiano para asegurar el financiamiento necesario que permita a la oficina mantener sus actividades en el país y destaca la urgencia de que la ONU continúe apoyando procesos clave para la paz y los derechos humanos. Se enfatiza la necesidad de reforzar el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP en 2016, así como la importancia de desarrollar políticas de seguridad que consideren enfoques territoriales, étnicos y de género.
Además, se insta a la Jurisdicción Especial para la Paz a incorporar proyectos restaurativos en sus sentencias que respondan a los daños sufridos, así como a reformar el sistema de protección para los defensores de derechos humanos involucrando a la sociedad civil en este proceso. También se subraya la necesidad de una reforma profunda de la Policía Nacional y de la legislación sobre inteligencia con el fin de ajustarse a los estándares internacionales.
La Oficina de Derechos Humanos concluyó reiterando su compromiso de seguir trabajando junto a las instituciones colombianas para fortalecer la justicia transicional y garantizar la reparación integral a las víctimas, manteniendo un enfoque claro en la defensa de los derechos humanos como fundamento para una paz sostenible en el país.
Fuente: ONU últimas noticias
