En 2025, el sistema de patentes de Estados Unidos enfrentó un significativo desafío a sus principios fundamentales, especialmente el de que las patentes defectuosas deben poder ser impugnadas. Esta situación fue provocada por una serie de propuestas en el Congreso, impulsadas por un grupo reducido de grandes propietarios de patentes que buscaban debilitar las impugnaciones públicas. Dos proyectos de ley perjudiciales, conocidos como PERA y PREVAIL, fueron reintroducidos, mientras que la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO) intentaba retroceder en el proceso de revisión inter partes (IPR), una herramienta clave para desafiar patentes mal otorgadas.

El Patent Eligibility Restoration Act (PERA) proponía revertir las decisiones del Tribunal Supremo en los casos Alice y Myriad, permitiendo la reactivación de patentes sobre ideas abstractas de software y la concesión de patentes sobre versiones aisladas de genes humanos. Por otro lado, el proyecto PREVAIL, presentado por los mismos patrocinadores, buscaba debilitar el proceso de IPR al aumentar el umbral probatorio, restringir quién podía presentar impugnaciones, obligar a los solicitantes a renunciar a defensas en los tribunales y ofrecer a los dueños de patentes nuevas formas de modificar sus reclamaciones durante la revisión.

Estas iniciativas representaban un grave retroceso, poniendo en riesgo los avances logrados en la última década. Ante tal situación, la Electronic Frontier Foundation (EFF) movilizó a sus seguidores para que se manifestaran en contra de estos proyectos, enviando miles de mensajes al Congreso. Como resultado, ambos proyectos no avanzaron en el Comité, quedando estancados frente a la presión pública.

Sin embargo, los movimientos más preocupantes provinieron de la USPTO, dirigida por un nuevo liderazgo que comenzó a desmantelar las protecciones contra las patentes dañinas. Al inicio del año, la oficina adoptó un enfoque más agresivo al recurrir a denegaciones procedimentales, lo que permitió desestimar impugnaciones en curso. La situación se agravó en octubre con la propuesta de nuevas reglas que dificultarían significativamente el uso del IPR, presentando un panorama sombrío para aquellos que enfrentan demandas por patentes.

La USPTO, bajo la dirección de John Squires, rechazó todas las primeras impugnaciones que recibió, marcando el inicio de lo que algunos han denominado una «era de no» en la institución. Las nuevas reglas propuestas buscaban hacer que las patentes fueran prácticamente intocables después de una sola disputa previa, cerrando la puerta a futuros desafíos a las patentes problemáticas.

El rechazo a estas medidas fue abrumador. Más de 11,000 comentarios se enviaron a la USPTO, con un 97% de los participantes manifestando su oposición. La comunidad empresarial y académica, así como defensores de la accesibilidad de medicamentos, destacaron cómo estas regulaciones perjudicarían a los desarrolladores, las pequeñas empresas y provocarían un aumento en los costos para los consumidores.

A medida que nos acercamos al 2026, el futuro del sistema de patentes en EE. UU. parece incierto. Si bien se han presentado numerosas críticas y la oposición se ha organizado, es probable que los intereses que buscan proteger patentes de baja calidad continúen influyendo en la legislación y las regulaciones. Lo que ha quedado claro es que cuando se da a conocer el impacto del abuso de patentes en la innovación y el derecho digital, la comunidad se une para hacer escuchar su voz, demostrando que la participación ciudadana puede tener un efecto tangible en el proceso legislativo.
Fuente: EFF.org