Cuando los países de América Latina y el Caribe adoptaron la Agenda 2030, tenían quince años para avanzar hacia objetivos ambiciosos como erradicar el hambre, reducir la desigualdad y garantizar el acceso a agua potable, energía limpia y ciudades sostenibles. Sin embargo, a solo cuatro años de la fecha límite, la mayoría de la región no está avanzando a la velocidad necesaria para cumplir con estas metas.

Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presenta una evaluación preocupante sobre este progreso. De las 134 metas que se analizaron, solo el 19% está en camino de ser alcanzado para 2030 si se mantienen las tendencias actuales. Un 42% avanza, pero demasiado lentamente, mientras que un 39% de las metas está estancado o ha retrocedido. Esta situación es aún más grave que la del año anterior, donde el 23% de las metas evaluadas estaban en curso de cumplimiento.

La CEPAL identifica la falta de recursos como uno de los principales obstáculos. La brecha de financiamiento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región puede llegar a unos 650.000 millones de dólares anuales, en un contexto donde las economías enfrentan escasos crecimientos y presupuestos públicos limitados. Este déficit no solo refleja la falta de asistencia externa, sino también la incapacidad de movilizar recursos internos, evidenciada por el bajo índice de recaudación tributaria y la alta evasión fiscal.

La capacidad de convertir inversiones en servicios públicos eficientes es otra barrera significativa. En 2024, 140 millones de personas en la región carecían de acceso a servicios de agua potable gestionados adecuadamente, y 324 millones no contaban con servicios de saneamiento apropiados. La falta de infraestructura adecuada, junto con problemas de gobernanza e insuficiente capacidad institucional, agravan esta situación.

Además, la economía de la región es otro factor determinante. Un crecimiento económico lento y una baja productividad generan menos empleo formal y, por ende, menos recursos fiscales para financiar las políticas necesarias para cumplir con los ODS. En particular, el ODS 9, que se centra en la industria e innovación, refleja una tendencia descendente en la contribución de manufacturas al PIB, lo que dificulta el avance hacia una economía más robusta.

La desigualdad también juega un papel crítico en este panorama. A pesar de que la electrificación ha alcanzado altos niveles en las ciudades, todavía existen brechas significativas en zonas rurales y entre las poblaciones de bajos ingresos. De hecho, el ODS 10, que se ocupa de la reducción de desigualdades, tiene una de las mayores proporciones de metas estancadas o en retroceso.

Sin instituciones capaces de desarrollar y mantener políticas efectivas, los avances hacia la Agenda 2030 pueden quedarse en mero papel. Aunque América Latina se posiciona como la región más democrática del mundo en desarrollo, la insatisfacción con los gobiernos es elevada, afectando la confianza necesaria para llevar a cabo transformaciones.

A pesar de este panorama sombrío, algunos éxitos demuestran que el progreso es posible. Ejemplos de políticas efectivas, como subsidios para tecnologías limpias en El Salvador y mejoras en el transporte público en Chile, evidencian que coordinar recursos y esfuerzos institucionales puede generar resultados positivos.

Con solo cuatro años para cumplir con la Agenda 2030, la región tiene la oportunidad de transformar las excepciones en normas, implementando políticas que ya han demostrado ser efectivas. El desafío reside en fortalecer estas medidas, asegurando su continuidad y escalabilidad para que puedan tener un impacto real en la vida cotidiana de los ciudadanos. El tiempo corre, y alcanzar los objetivos establecidos podría marcar la diferencia entre el cumplimiento de un compromiso internacional o el perpetuo estancamiento de la región.
Fuente: ONU últimas noticias