La mayoría de los Estados miembros de la ONU, incluido Estados Unidos, se espera que apoyen la adopción del polémico Tratado sobre Cibercrimen de la ONU, que será sometido a votación esta semana en la Asamblea General de la ONU, a pesar de las advertencias sobre los riesgos que plantea para los derechos humanos. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y sus socios de la sociedad civil, junto con empresas de ciberseguridad y organizaciones de prensa, han expresado inquietudes desde hace años sobre el tratado, advirtiendo que autoriza poderes de recolección de evidencias sin restricciones para delitos con escaso vínculo con los delitos cibernéticos fundamentales, además de contar con escasos salvaguardias y limitaciones.
El borrador final, aprobado unánimemente en agosto por más de 100 países que participaron en las negociaciones, permitirá prácticas de vigilancia intrusiva bajo el pretexto de fomentar la cooperación transfronteriza. Las disposiciones del tratado han sido objeto de crítica por no alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos, dejando a la discreción de los Estados miembros la implementación de salvaguardias que protejan estos derechos. Muchos de estos Estados tienen antecedentes preocupantes en materia de derechos humanos y leyes nacionales que no protegen la privacidad y que, en algunos casos, criminalizan la libre expresión y la identidad de género.
Gracias a la labor de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, incluida la EFF, Estados Unidos ha comenzado a reconocer los peligros potenciales que esto conlleva. En una declaración realizada por el representante adjunto de EE.UU. ante el Consejo Económico y Social, el país manifestó que «comparte las preocupaciones legítimas» de la industria y la sociedad civil, que han advertido que algunos estados podrían aprovechar sus marcos legales nacionales problemáticos en derechos humanos para facilitar la represión transnacional.
Se ha expresado una profunda preocupación de que el tratado facilite solicitudes de datos de usuarios que permitirán el espionaje en transbordo y, por ejemplo, el acoso de aquellos que denuncian y luchan contra la corrupción y el abuso gubernamental. No obstante, Estados Unidos ha manifestado su intención de apoyar el tratado cuando se someta a votación, argumentando que sus términos no permiten su uso para violar o reprimir los derechos humanos.
A pesar de este compromiso, resulta difícil imaginar que los gobiernos revisen voluntariamente sus leyes de cibercrimen mientras ratifican e implementan el tratado. Es más probable que el tratado normalice tales marcos legales. La defensa de mejoras durante las largas negociaciones fue ardua, y aunque la versión final presenta importantes problemas, la sociedad civil logró algunos avances significativos, como la eliminación de una lista inicial de delitos relacionados con la cibercriminalidad que amenazaban la libertad de expresión.
La retórica del gobierno de EE.UU. ha incluido llamados a los Estados para que tomen las medidas necesarias en sus sistemas legales internos para garantizar que el tratado no se aplique de manera inconsistente con las obligaciones en derechos humanos. Sin embargo, el tratado carece de disposiciones de supervisión claras, lo que genera dudas sobre su efecto real en las políticas de derechos humanos.
El futuro de la declaración de EE.UU. y el impacto del tratado en el país son inciertos, especialmente bajo una posible segunda administración Trump, dado que la ratificación requeriría el consentimiento del Senado y la ratificación formal del presidente. Mientras tanto, se insta a los Estados a votar en contra de la adopción y a no ratificar el tratado en sus respectivos países, ya que el documento pone en riesgo los derechos humanos a nivel global. En un apuro por alcanzar un consenso, se otorgó a los Estados miembros una amplia libertad para evitar salvaguardias de derechos humanos en sus investigaciones «criminales», lo que podría resultar en un alto costo para millones de personas en todo el mundo.
Fuente: EFF.org
