La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) ha sido objeto de críticas tras un reciente informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), que reveló que la agencia no ha cumplido con ninguna de las seis principales protecciones de privacidad relacionadas con tres de sus programas de vigilancia fronteriza. Estos programas incluyen torres de vigilancia, aerostatos y sensores de suelo desatendidos.
El análisis de la GAO comparó las políticas de estas tecnologías con seis principios clave de Prácticas Justas de Información que las agencias deben seguir al evaluar sistemas y procesos que puedan afectar la privacidad, según lo estipulado por la Oficina de Administración y Presupuesto y las propias reglas del Departamento de Seguridad Nacional. Los principios que no fueron abordados adecuadamente incluyen la recolección de datos, especificación de propósito, intercambio de información, seguridad de datos, retención de datos y responsabilidad.
El informe indica que en ni una sola de las políticas tecnológicas, procedimientos operativos estándar o directrices disponibles, se aborda cómo los usuarios deben manejar la tecnología en relación con esos principios de privacidad. CBP opera cientos de torres de vigilancia a lo largo de las fronteras norte y sur del país, algunas capaces de capturar imágenes a más de siete millas de distancia. Además, la agencia utiliza grandes aerostatos equipados con radar y ha establecido una serie de menores que transmiten videos en áreas específicas del suroeste de Estados Unidos.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Electronic Frontier Foundation (EFF), han expresado su preocupación por cómo la implementación de estas tecnologías de vigilancia militarizadas impacta negativamente en la privacidad de las comunidades fronterizas. A menudo, se considera que los derechos de estas comunidades son un daño colateral aceptable en la búsqueda de una mayor seguridad fronteriza.
A pesar de las críticas, CBP ha defendido sus prácticas, afirmando que, en cierta medida, aborda los principios de práctica justa en sus Evaluaciones de Impacto sobre la Privacidad. Sin embargo, la GAO ha rechazado esta afirmación, argumentando que dichos documentos no proporcionan directrices suficientes para que el personal de la agencia proteja la privacidad cuando despliega estas tecnologías y utiliza los datos recopilados.
Como resultado de estos hallazgos, la GAO recomienda que el Comisionado de CBP exija que cada política relacionada con la detección y monitoreo de tecnologías aborde las protecciones de privacidad establecidas en los principios de Práctica Justa de Información. No obstante, la EFF insta al Congreso a responsabilizar a CBP y a detener la aprobación de grandes gastos en tecnologías de seguridad fronteriza que, según dicen, la agencia opera de manera irresponsable.
Fuente: EFF.org
