España se encuentra ante un cambio significativo en su panorama de inversión en centros de datos, impulsado por nuevas exigencias en sostenibilidad y acceso a la red eléctrica. Los expertos advierten que la disponibilidad real de capacidad eléctrica, las condiciones de acceso y conexión, así como los costos relacionados, ahora son determinantes para evaluar la viabilidad de estos proyectos.
El Gobierno ha presentado un proyecto de real decreto que está actualmente en fase de tramitación y que busca introducir requisitos de sostenibilidad energética e hídrica, así como de soberanía digital, como condiciones para el otorgamiento y la continuidad de permisos de conexión a la red eléctrica. Específicamente, los centros de datos con potencia de acceso igual o superior a 1 MW deberán respaldar al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable, hasta que la energía renovable alcance un 90% del mix eléctrico.
La complejidad de este nuevo marco normativo es considerable. Para aquellos proyectos que aún no han obtenido el permiso de acceso, será crucial incorporar las nuevas exigencias en su diseño y planificación económica. Por otro lado, los que ya tienen permisos pero no están conectados, se enfrentarán a desafíos adicionales para cumplir con la nueva normativa. Javier García, socio de GTA Villamagna, enfatiza que la cercanía a una subestación no garantiza la obtención de los permisos necesarios y advierte sobre los riesgos legales que pueden surgir si los promotores avanzan con la adquisición de terrenos o financiamiento sin haber completado este proceso.
La capacidad eléctrica es un factor esencial desde las etapas iniciales del desarrollo de un centro de datos. Un terreno puede parecer ideal desde el punto de vista urbanístico y medioambiental, pero su falta de capacidad de demanda en el punto de conexión o la necesidad de inversiones en la infraestructura de la red pueden afectar la viabilidad económica. Además, al considerar la continuidad del funcionamiento de los centros de datos, que requieren energía las 24 horas, los fluctuantes niveles de producción de energía solar y eólica podrían complicar aún más el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Además, factores como la disponibilidad de agua, las regulaciones urbanísticas y ambientales se suman a la lista de condiciones que los promotores deben tener en cuenta. La legalidad en el uso del agua, ya sea a través de redes municipales o captaciones directas, y el cumplimiento con las normativas sobre vertidos son esenciales. Desde GTA Villamagna se insiste en la importancia de verificar el planeamiento urbanístico y asegurarse de obtener todas las licencias municipales y autorizaciones ambientales necesarias antes de comprometerse financieramente.
Para los proyectos que ya se encuentran en marcha, la entrada en vigor de la nueva normativa también tendrá un impacto significativo. Las solicitudes pendientes de permisos deberán adaptarse a los nuevos requisitos, y aquellos que ya tengan permiso pero no estén conectados a la red tendrán un plazo para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad. Si no lo logran, los permisos podrían caducar.
Este escenario también implica que los inversores deberán llevar a cabo una revisión legal exhaustiva antes de proceder con desarrollos, incluyendo una evaluación de las condiciones requeridas para los permisos y la viabilidad de la conexión eléctrica. Las decisiones tomadas bajo este nuevo marco regulatorio podrían definir la dirección futura de las inversiones en el sector de los centros de datos en el país.
En última instancia, la regulación tiene el potencial de ordenar un sector en crecimiento, pero su éxito dependerá de la seguridad jurídica que ofrezca a los inversores y de su capacidad para atraer proyectos viables sin crear barreras que empujen las inversiones hacia otros países de la Unión Europea.
