El Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña (TSCAT) ha lanzado una fuerte advertencia sobre el impacto del calor extremo, que se ha convertido en un nuevo factor de exclusión social que afecta especialmente a las personas mayores, las familias de bajos recursos y aquellos que padecen problemas de salud o dependencia. La creciente frecuencia de las olas de calor y el alarmante número de muertes asociadas a las altas temperaturas han llevado a los profesionales del trabajo social a exigir un enfoque que priorice tanto los derechos sociales como la salud pública.
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que el calor causa aproximadamente 489.000 muertes anuales en el mundo, y han observado un incremento del 85% en la mortalidad relacionada con las altas temperaturas en personas mayores de 65 años en las últimas décadas. En Cataluña, el mes de junio de 2026 ha sido especialmente trágico, con 218 muertes atribuidas al calor, alcanzando un preocupante récord histórico. De estas, 130 ocurrieron en una sola semana durante una ola de calor intensa.
El TSCAT subraya que el calor extremo no solo es un asunto meteorológico, sino también un indicador de desigualdad social. Factores como la pobreza energética, la precariedad en la vivienda, la falta de redes de apoyo y las dificultades para acceder a servicios comunitarios aumentan la vulnerabilidad de muchas personas. La entidad reclama, una vez más, que el enfoque del debate no se limite a las temperaturas récord, sino que se centre en las personas más afectadas y sus habilidades para protegerse de estos fenómenos.
Laura Morro, decana del TSCAT, ha expresado la necesidad de abordar el calor extremo como una cuestión de derechos sociales, que incluye el acceso a una vivienda digna, cuidados y atención a la salud comunitaria. «Estamos cansadas de escuchar cifras que reflejan una crisis, pero detrás de cada una de ellas hay personas que padecen y cuyos derechos fundamentales son vulnerados», ha afirmado.
El TSCAT hace un llamado urgente para reforzar la prevención y detección de situaciones de riesgo, mejorar la coordinación entre servicios sociales y sanitarios, y adoptar medidas efectivas contra la pobreza energética que aseguren condiciones de vida dignas para los más vulnerables.
Las trabajadoras sociales que hacen frente a estas complejas realidades continuarán defendiendo su profesión y los valores inherentes a ella, al tiempo que demandan cambios que deben ser impulsados por las administraciones y en colaboración con los profesionales del sector.
