Dos años y medio después del inicio de las protestas bajo el lema «Mujer, Vida, Libertad» en septiembre de 2022, el Gobierno de Irán continúa reforzando sus acciones para restringir los derechos de las mujeres, niñas y otros grupos que exigen derechos humanos. Esta advertencia proviene de un nuevo informe elaborado por la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Irán, presentado el pasado viernes.
El informe detalla que las medidas represivas se intensifican a pesar de las promesas del presidente Masoud Pezeshkian de suavizar la aplicación de las estrictas leyes sobre el hiyab obligatorio. Desde abril de 2024, el Estado ha implementado el «plan Noor», que busca aumentar la vigilancia y la persecución penal contra las mujeres que desafían el uso del hiyab. Las defensoras de los derechos humanos y activistas enfrentan sanciones severas, que incluyen multas, largas penas de prisión y, en algunos casos, la pena de muerte por llevar a cabo actividades pacíficas a favor de los derechos humanos.
El informe, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el 18 de marzo de 2025, resalta que estas acciones evidencian una conducta sistemática y persecutoria por parte del Estado, que se traduce en la represión de los derechos humanos de las mujeres y niñas, así como de su derecho a la igualdad. Asimismo, la Misión subraya que la persecución no se limita solo a los disidentes, sino que también se extiende a las víctimas de tortura y a las personas que se solidarizan con ellas, incluyendo defensores de derechos humanos, abogados y periodistas. Muchos de estos perseguidos se han visto forzados a abandonar el país.
Además de la vigilancia incrementada, el Estado ha ampliado sus controles sobre el espacio digital, denunciando que busca silenciar no solo a quienes se manifiestan dentro de Irán, sino también a los defensores de derechos humanos que se expresan desde el extranjero. Hasta el momento, se ha documentado que diez hombres han sido ejecutados en el contexto de las protestas, y al menos 14 personas, incluyendo mujeres, se encuentran en riesgo inminente de ejecución. La falta de garantía de un juicio justo y el uso de confesiones obtenidas bajo tortura agravan aún más la situación.
La Misión de Investigación ha corroborado la información recopilada de víctimas y testigos, así como datos proporcionados por el Gobierno, a través de exhaustivas indagaciones y evidencias. Si bien se han llevado a cabo algunos juicios por el uso ilegítimo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, estas medidas son calificadas como insuficientes. El Estado, según la Misión, ha negado su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El informe destaca que tanto las víctimas como sus familiares que buscan justicia son sistemáticamente intimidadas, amenazadas y sometidas a acciones penales. Las víctimas expresan una profunda desconfianza en el sistema judicial iraní, señalando que no tienen esperanza de obtener verdad, justicia o reparaciones significativas.
En sus investigaciones, la Misión ha recopilado pruebas de violaciones graves, haciéndose eco de situaciones de violación grupal de mujeres manifestantes y el uso de simulacros de ejecución como método de tortura. Ha encontrado que las fuerzas de seguridad no hacen distinción entre manifestantes adultos y niños, sometiendo a todos a un trato similar, caracterizado por el uso excesivo de la fuerza y tortura. Las minorías étnicas y religiosas, especialmente los kurdos, baluchis y personas LGBTQ+, han sido particularmente vulnerables a los abusos en el contexto de las protestas.
Dado que los problemas de derechos humanos en Irán son complejos y abarcan una amplia variedad de áreas, el informe sugiere que el Consejo de Derechos Humanos considere la posibilidad de establecer un nuevo órgano independiente para dar seguimiento a la labor de la actual Misión.
Fuente: ONU últimas noticias
