La trata de personas en el sector del trabajo doméstico persiste como un grave problema global, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. En su informe anual, la relatora sobre tráfico de personas, Shiobán Mullally, destacó que la falta de regulación en este sector contribuye a la violación sistemática de los derechos humanos de estas trabajadoras.
El trabajo doméstico, a menudo realizado por mujeres de minorías raciales y migrantes, carece de condiciones laborales justas. Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas, en 2022, el 61% de las víctimas detectadas eran mujeres y niñas, muchas de las cuales eran explotadas sexualmente, aunque un número significativo también era forzado a realizar trabajos domésticos.
Mullally enfatizó que las trabajadoras migrantes a menudo son reclutadas bajo falsas promesas, solo para enfrentarse a una realidad de abuso y explotación al llegar a su destino. La violencia física, el acoso sexual y otros tipos de violencia son frecuentes en este contexto.
Factores como la ineficacia en la aplicación de las leyes laborales y la falta de acceso a la migración regular incrementan el riesgo de trata. Específicamente, los visados ligados a un empleador limitan la posibilidad de cambiar de trabajo, dejando a las trabajadoras aún más vulnerables.
Además, el uso de la tecnología en la contratación, que debería ser una herramienta útil, ha facilitado la trata de personas. Las redes sociales y aplicaciones se emplean para captar a mujeres jóvenes mediante anuncios engañosos de empleo. Sin embargo, también existe el potencial de utilizar la inteligencia artificial para detectar patrones de trata y fortalecer las medidas de prevención.
Para abordar esta situación, es urgente la implementación efectiva de los derechos laborales y la creación de acuerdos bilaterales que protejan a los trabajadores, basados en estándares internacionales de derechos humanos. Mullally concluyó que es esencial fortalecer la cooperación internacional para que quienes cometen trata de personas enfrenten consecuencias adecuadas, asegurando así la protección de los derechos de las víctimas.
Fuente: ONU últimas noticias
