Recientes declaraciones de Flock Safety, una empresa de vigilancia, han desatado una controversia significativa sobre el uso de datos y las preocupaciones de privacidad. En una de sus afirmaciones, la compañía abordó las violaciones de privacidad en Illinois, mientras que en otra defendió su red nacional de vigilancia. Ambas declaraciones revelan un patrón inquietante: cuando se enfrenta a pruebas de abuso generalizado, Flock Safety ha culpado a los usuarios, minimizado los daños y reforzado los sistemas que permitieron estas violaciones en primer lugar.

El mes pasado, un informe de 404 Media destacó cómo una oficina del sheriff en Texas utilizó datos de más de 83,000 cámaras de lectura automática de matrículas para rastrear a una mujer sospechosa de haber interrumpido un embarazo de forma autónoma. Este escenario podría haberse evitado si Flock hubiera tomado medidas tras ser advertida sobre este riesgo hace tres años. Flock ha calificado la cobertura mediática de este caso como «intencionalmente engañosa», alegando que la mujer fue buscada como persona desaparecida a solicitud de su familia. Sin embargo, esta defensa ignora la cuestión fundamental: la policía utilizó una red de vigilancia a nivel nacional para localizar a una persona, justificando la acción a partir de sus decisiones de salud.

Además, la empresa ha recibido críticas por la utilización de su red de ALPR para facilitar deportaciones masivas. A pesar de que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tiene un acuerdo formal con Flock, registros públicos han revelado más de 4,000 pesquisas realizadas por policías locales en colaboración con agencias federales. La falta de supervisión y las asociaciones informales permiten a las agencias federales acceder a la red de vigilancia sin enfrentar los controles legales que se exigirían en un contrato federal directo.

Flock Safety insiste en que la responsabilidad recae en cada agencia de aplicación de la ley local, pero al mismo tiempo defiende la compartición de datos, argumentando que es esencial en investigaciones. Este doble discurso pone de manifiesto el riesgo de que estas redes sean utilizadas para hostigar a solicitantes de aborto o inmigrantes, ya que las justificaciones para acceder a los datos pueden ser vagas.

Desde su fundación en 2017, Flock ha crecido hasta convertirse en una compañía de 7,5 mil millones de dólares, permitiendo a las agencias establecer sus propias políticas de uso, lo cual ha facilitado la proliferación de su tecnología de vigilancia de bajo costo y restricciones mínimas. Recientemente, Flock lanzó su Business Network, que promueve el intercambio de datos sin regulación entre clientes del sector de seguridad privado, afirmando que el mismo efecto de red que beneficia a las fuerzas del orden también puede aplicarse al sector privado.

La empresa continúa expandiendo una red masiva de vigilancia, utilizando un enfoque que había llevado a la necesidad de reentrenar a miles de oficiales en Illinois sobre cómo no violar la ley estatal. Flock promueve el uso compartido entre agencias como una forma de colaboración, pero esto introduce riesgos incontrolables, ya que las políticas de privacidad y seguridad varían significativamente entre las distintas jurisdicciones.

Los sistemas de vigilancia de matrícula son vulnerables tanto a la explotación técnica como a la manipulación humana. Cuando estas bases de datos son comprometidas, las consecuencias pueden ser graves, incluyendo el acoso y la extorsión. Flock, al operar como un único punto de falla, compromete la privacidad de millones de estadounidenses.

A pesar de las crecientes preocupaciones legítimas sobre la privacidad y la seguridad, Flock ha prometido actualizaciones que carecen de reformas significativas. Las comunidades como Austin, Denver y San Diego están comenzando a resistir su infraestructura de vigilancia. Los habitantes de estas ciudades están sopesando los beneficios de un sistema que ha mostrado resultados mínimamente efectivos frente al potencial de que se utilicen para rastrear a ciudadanos vulnerables.

Dado el alcance y la falta de regulación de las redes de ALPR, la única actualización que realmente puede proteger los derechos y la seguridad de las personas es la eliminación total de estas redes. La presión para desmantelar estos sistemas de vigilancia está aumentando, y es fundamental seguir este camino.
Fuente: EFF.org