En 2015, el mundo fue testigo del inicio de OpenAI, de un debate viral sobre el color de un vestido y de una decisión histórica del Tribunal Supremo que otorgó a las parejas del mismo sexo el derecho a casarse. Fue también el año en que la Electronic Frontier Foundation (EFF) lanzó por primera vez «The Foilies», un informe anual que otorga con humor «premios» a agencias gubernamentales y funcionarios que responden de manera rocambolesca cuando un ciudadano solicita acceso a registros públicos a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA) o leyes similares.

A lo largo de la última década, aunque muchas cosas han cambiado, una constante ha sido la persistente intención de las autoridades de evitar sus obligaciones legales y éticas de ser transparentes y rendir cuentas. En ocasiones, estas situaciones son intencionadas; en otras, son el resultado de incompetencia o desinterés manifiesto.

La EFF, en colaboración con MuckRock, ha documentado y ridiculizado estos fracasos en la FOIA y caídas en la transparencia. A través de una asociación con AAN Publishers, han denunciado a los responsables en periódicos semanales y en sitios de noticias independientes de Estados Unidos, celebrando la «Sunshine Week», un evento anual que busca concienciar sobre la importancia del acceso a registros públicos en una democracia.

Este año, se hace eco de los casos más absurdos y frustrantes de los últimos diez años mientras se prepara para una próxima década que podría ser aún más desastrosa para la transparencia gubernamental.

Uno de los ejemplos más destacados fue el del Departamento de Defensa de EE.UU. en 2016, donde un ciudadano que solicitó información sobre un dispositivo específico recibió una estimación de costos desmesurada: 660 millones de dólares y 15 millones de horas laborales para poder ofrecer una respuesta. Esto fue atribuido a la falta de un sistema de búsqueda adecuado, lo que obligaría al personal a revisar manualmente 30 millones de contratos.

Por su parte, la ciudad de Seattle había intentado cobrar a un ciudadano 33 millones de dólares por obtener los metadatos de correos electrónicos de 2017, aunque luego redujo la tarifa a 40 dólares. Mientras tanto, el distrito escolar de Rochester, Michigan, exigió a un padre crítico de su plan de aprendizaje remoto la exorbitante suma de 18,6 millones de dólares por documentos relacionados, bajo el pretexto de que debía revisar cada correo electrónico.

En situaciones aún más preocupantes, un periodista en White Castle, Luisiana, fue esposado y encarcelado por intentar obtener registros públicos sobre el salario del alcalde, quien luego presionó para que el periodista compareciera ante un tribunal que él mismo presidía.

El FBI también ha sido señalado repetidamente por su hostilidad hacia la FOIA, acumulando múltiples «Foilies» a lo largo de los años. La agencia ha sido criticada por sus largas demoras en proporcionar información solicitada y por sus tácticas de vigilancia a quienes ejercen su derecho a la transparencia.

Por último, el departamento de policía de Chicago se ha destacado por su resistencia a cumplir con las solicitudes de FOIA, incluso en casos que involucran graves violaciones a los derechos civiles. Parte de esta renuencia fue evidenciada cuando la exalcaldesa Lori Lightfoot afirmó que responder a las solicitudes de registros públicos interferiría con la respuesta de la ciudad a la pandemia de COVID-19.

A medida que se avanza en la nueva década, queda la pregunta de si estas tendencias de falta de transparencia continuarán o si comenzaremos a ver cambios significativos en la forma en que las agencias gubernamentales manejan las solicitudes de información pública.
Fuente: EFF.org