En medio de una oleada de demandas que buscan analizar cómo las empresas de inteligencia artificial utilizan obras protegidas por derechos de autor para entrenar modelos de lenguaje, una disposición peculiar de la ley de derechos de autor ha cobrado inesperada importancia: la Sección 1202 de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA, por sus siglas en inglés). Esta sección prohíbe la eliminación o modificación intencionada de la información de gestión de derechos de autor (CMI, por sus siglas en inglés), como la firma en una pintura o los datos adjuntos a una fotografía. Aprobada en 1998, esta norma pretendía ayudar a los titulares de derechos a identificar usos infractores de sus obras y fomentar la obtención de licencias.
OpenAI y Microsoft utilizaron código de Github como parte de los datos de entrenamiento para sus modelos de lenguaje, junto con miles de millones de otras obras. Un grupo de contribuyentes anónimos de Github interpuso una demanda, argumentando que esos modelos generaron nuevos fragmentos de código que eran sustancialmente similares a los suyos, pero con la CMI eliminada. Curiosamente, no alegaron que el nuevo código infringiera derechos de autor; en cambio, se apoyan exclusivamente en la Sección 1202 del DMCA. Su problema radica en que el código generado es diferente de su obra original, y los tribunales en EE.UU. han adoptado una «regla de identidad», bajo la teoría de que la Sección 1202 solo debe aplicarse cuando la CMI se elimina de obras existentes, no cuando simplemente falta en una nueva.
Aunque pueda parecer una cuestión legal oscura, el resultado de esta batalla—actualmente ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito—podría tener implicaciones de gran alcance más allá de las tecnologías de IA generativa. Si los titulares de derechos tuvieran razón, la Sección 1202 crearía efectivamente un derecho independiente de atribución, generando potencial responsabilidad incluso para usos no infractores, como el uso justo, si esas nuevas obras simplemente omiten la CMI. Aunque muchos que usen justo podrían, en última instancia, evitar la responsabilidad gracias a otras limitaciones incorporadas en la Sección 1202, la inminente amenaza de litigio y el riesgo de altas y predecibles sanciones está presionando a muchos demandados a llegar a un acuerdo. De hecho, ha surgido toda una industria legal de «cazadores de derechos de autor» que se aprovechan de esta dinámica, sin ningún beneficio correlativo para la creatividad o la innovación.
Afortunadamente, como se explica en un breve presentado recientemente, el texto de la Sección 1202 no respalda una interpretación tan amplia. Esta disposición se refiere repetidamente a «obras» y «copias de obras»—no a «fragmentos sustancialmente similares» o nuevas adaptaciones—y su enfoque en la «eliminación o alteración» claramente contempla acciones respecto a obras existentes, no a nuevas. El Congreso podría haber optado por redactar la ley de manera diferente, pero de manera sabia decidió no hacerlo, garantizando que los titulares de derechos no pudieran utilizar la omisión de la CMI para castigar o amenazar injustamente los reusos legítimos de una obra.
Dada la proliferación de obras protegidas por derechos de autor en prácticamente todos los aspectos de la vida diaria, lo último que debería hacer cualquier tribunal es otorgar a los titulares de derechos una nueva arma independiente contra los usos justos. Como ha observado la Corte Suprema, el derecho de autor es un «impuesto sobre los lectores con el fin de proporcionar un premio a los escritores». Este impuesto—incluyendo el costo del litigio—puede ser una forma importante de fomentar nueva creatividad, pero no debería aplicarse a menos que la Ley de Derechos de Autor lo exija claramente.
Fuente: EFF.org
