Juristas, economistas y académicos se dieron cita en Madrid para el V Congreso Nacional de la Sociedad Civil, donde se discutieron cuestiones fundamentales que afectan el futuro de España. Bajo el título «Mirando al futuro: España en la próxima década», el evento reunió a expertos de diversas disciplinas, quienes coincidieron en que la falta de reformas en áreas críticas como la democracia, las pensiones, la inmigración y la energía pone en peligro el desarrollo del país.

Los participantes advirtieron sobre la necesidad de abordar una serie de retos estructurales que no pueden ser resueltos mediante soluciones temporales. Javier Gomá, filósofo destacado en el congreso, enfatizó que «el sistema no necesita ser demolido, sino mejorado», subrayando la importancia de fortalecer las instituciones existentes en lugar de optar por rupturas que podrían resultar perjudiciales. José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano, complementó esta idea al promover una mayor corresponsabilidad ciudadana como una forma de contrarrestar la erosión de la democracia.

La fragilidad del equilibrio institucional fue otro de los puntos abordados. La separación de poderes y la igualdad ante la ley fueron identificadas como líneas rojas que no deben ser traspasadas. Miriam González, abogada, subrayó el debilitamiento de los contrapesos clásicos y abogó por un refuerzo en el poder del ciudadano individual, conectado con el funcionamiento de las instituciones representativas. La discusión continuó con la reflexión de Francesc de Carreras, catedrático, quien recordó que el Estado debe servir para garantizar la libertad de todos.

El análisis económico se centró en el impacto de los elevados déficits y la insostenibilidad del sistema de pensiones que, como afirmó Javier Díaz-Giménez, podrían trasladar una carga significativa a las generaciones futuras. Juan José Rubio Guerrero, catedrático, hizo hincapié en que el creciente gasto en pensiones y el gasto corriente limitan las inversiones y agravan la desigualdad intergeneracional, un aspecto que resuena con el malestar y las preocupaciones de los jóvenes respecto al Estado del bienestar.

En el ámbito demográfico, la baja natalidad y el envejecimiento de la población fueron identificados como desafíos prioritarios. Diego Ramiro Fariñas, director del Instituto de Economía y Demografía del CSIC, destacó que las políticas actuales ya no se ajustan a la realidad. En lo que respecta a la inmigración, Carmen González, catedrática de Ciencia Política, advirtió que aunque puede contribuir al crecimiento del PIB, no debe ser vista como una solución única a los problemas estructurales del país.

Los debates también incluyeron la tecnología y la transición energética como áreas de oportunidad. El analista político José María Lassalle promovió la idea de una inteligencia artificial centrada en los humanos, mientras que expertos en energía alertaron sobre la falta de consenso político que impide avanzar hacia una auténtica autonomía energética.

Finalmente, los exministros José Manuel García-Margallo y Eduardo Serra hicieron un llamado a fortalecer la política exterior en un mundo en constante cambio. Rafael Catalá, presidente de la Fundación Independiente, cerró el congreso subrayando la necesidad de que la sociedad civil pase de la identificación de problemas a la propuesta de soluciones concretas.

El congreso concluyó con un mensaje claro: aunque los problemas han sido identificados desde hace tiempo, lo que se requiere ahora es una acción política decidida, consenso y una ciudadanía activa dispuesta a exigir cambios necesarios para un futuro sostenible.