En un contexto de cambios en la normativa sobre la adquisición de propiedades en España, la empresa Tecnotramit ha dado a conocer que ciudadanos de nacionalidades como Rusia, Ucrania, Reino Unido, China, Colombia, México y Venezuela han sido los más beneficiados por las regulaciones recientes. Estas personas han aprovechado la oportunidad de acelerar la obtención de su visado de residencia invirtiendo en el mercado inmobiliario español.
El Gobierno español comunicó recientemente la intención de restringir la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. Esto se llevará a cabo mediante un aumento del 100% en el gravamen fiscal aplicable a este grupo cuando decida adquirir un inmueble. Además, se prevé la eliminación definitiva de las ‘golden visa’ en abril, lo que implica que las solicitudes de visados para inversores que compren propiedades por más de medio millón de euros no serán aceptadas.
Tecnotramit ha decidido analizar la fiscalidad relacionada con la compra de viviendas por parte de no residentes, señalando que esta varía según si se trata de la primera entrega de un inmueble nuevo o de una propiedad usada en su segunda o ulterior transmisión. Gerard Aguilar, director de Fiscalidad de Tecnotramit, ha advertido que la eliminación de las ‘golden visa’ podría afectar considerablemente a las arcas fiscales del país, ya que se prevé una disminución en la recaudación de impuestos relacionados con el sector inmobiliario.
Las provincias de Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares, Girona y Valencia son, según la compañía, las más impactadas por esta nueva regulación. En estas áreas, la gran mayoría de los visados se han concedido a los mencionados grupos nacionalidades, quienes ahora podrían verse limitados en sus posibilidades de inversión.
En cuanto a los impuestos que deben pagar los extranjeros que compran una vivienda de obra nueva, el comprador está sujeto a un IVA del 10% sobre el precio de compra, además de un Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) cuyo tipo varía dependiendo de las normativas regionales. Por ejemplo, en Madrid, el AJD es del 0,75%, mientras que en Navarra puede ser tan solo del 0,5%.
Para las transacciones de propiedades de segunda mano, el impuesto aplicable es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), también sujeto a variaciones según la comunidad. En Madrid, este tipo se fija en un 6%, mientras que en otras regiones, como Cataluña, puede llegar hasta el 10%.
La legislación, aunque compleja, también ofrece oportunidades de ahorro a los compradores, especialmente si se asesoran adecuadamente sobre bonificaciones fiscales que pueden aplicar, como el tipo reducido del ITP del 4% en la Comunidad de Madrid para compradores que deseen establecer su vivienda habitual en una familia numerosa.
Dada la creciente dificultad para acceder al mercado inmobiliario por parte de extranjeros, el futuro del sector se encuentra en una encrucijada que podría modificar las dinámicas de inversión en España, poniendo de relieve la necesidad de estrategias efectivas por parte de las autoridades para mitigar la posible disminución de ingresos fiscales provenientes de estos compradores.
