Cuatro años después del regreso de los talibanes al poder, Afganistán se enfrenta a una crisis multidimensional que afecta a su economía, el acceso a la educación y la salud, así como a la vida cotidiana de millones de personas. El devastador terremoto ocurrido en el este del país el 31 de agosto ha agravado una situación ya crítica, impactando severamente a una sociedad que ha estado sufriendo la escasez de recursos y la represión sistemática de las mujeres.
Las restricciones impuestas por el régimen talibán han llevado a que las escuelas secundarias y universidades permanezcan cerradas para las niñas, lo que pone en grave riesgo el futuro de toda una generación. Roza Otunbayeva, representante especial del Secretario General de la ONU para Afganistán, advirtió que la prohibición de la educación para las jóvenes representa una pérdida – tanto educativa como económica – de unos 1.400 millones de dólares anuales para el país. La crisis no solo es educativa; se estima que más de nueve millones de afganos enfrentan inseguridad alimentaria aguda, incluyendo 1,6 millones al borde de la hambruna.
La incapacidad del régimen para colaborar con la comunidad internacional también se traduce en un obstáculo significativo para la ayuda humanitaria. Aunque las autoridades talibanes lograron coordinar algunos esfuerzos de socorro tras el terremoto, las restricciones impuestas al acceso del personal afgano de la ONU a sus oficinas son alarmantes. Según el último informe del Secretario General, 1,6 millones de personas han regresado al país en condiciones desesperadas, agrandando el ya crítico problema de acogida.
La represión continúa siendo una constante en la vida de los afganos. Las violaciones de derechos humanos se han intensificado, con 63 casos de castigos corporales registrados en un periodo de tres meses y la represión violenta de manifestaciones. La Corte Penal Internacional incluso ha emitido órdenes de arresto por crímenes de lesa humanidad contra líderes talibanes, en respuesta a la persecución de mujeres y niñas.
A pesar de algunos episodios que podrían interpretarse como avances, como la disminución de la violencia general o la prohibición del cultivo de adormidera, estas se ven ensombrecidas por la grave desnutrición y la falta de acceso a servicios básicos. La directora ejecutiva de UNICEF calificó la prohibición de la educación para las niñas afganas como «una de las injusticias más atroces de nuestro tiempo», advirtiendo que esta situación representa una amenaza para la estabilidad futura del país.
De continuar esta tendencia, se prevé que para finales de 2025, más de 2,2 millones de adolescentes se verán excluidas del sistema educativo en Afganistán, lo que proyecta un futuro sombrío para una nación que necesita urgentemente el compromiso completo de sus hombres y mujeres para avanzar hacia la recuperación y el desarrollo.
Fuente: ONU últimas noticias
