Mercedes Blanco, vocal de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Comercio de Barcelona y CEO de Vecinos Felices Administración de Fincas y Alquileres, ha profundizado en los recientes cambios normativos en el sector del alquiler durante la jornada ‘Derecho Civil Catalán: perspectivas actuales y desafíos en la práctica notarial y jurídica’. Esta reunión, que aborda las repercusiones de las regulaciones promulgadas en Cataluña, se centra en cómo estas afectan la elaboración de contratos de arrendamiento.
En el último año y medio, Cataluña ha sido testigo de un aumento significativo en las regulaciones relacionadas con la vivienda, impulsadas por la Ley de Vivienda. Esta normativa ha impuesto restricciones en los precios de los alquileres y las condiciones contractuales, buscando establecer un marco más ordenado tanto para arrendadores como inquilinos.
Blanco ha subrayado la importancia de considerar la ubicación de la vivienda en la redacción del contrato de arrendamiento. Si la propiedad se encuentra en una «zona de mercado residencial tensionado», deberá ser claramente indicada. Esto es crucial, ya que afecta directamente a la fijación de la renta, especialmente en un contexto en el que se han declarado el 90% de las poblaciones de Cataluña como tensionadas.
Además de la ubicación, la categoría del arrendador—ya sea un gran tenedor, con más de diez inmuebles, o un pequeño tenedor—también tiene un peso determinante. Para los grandes tenedores, la renta no debe superar el índice de referencia fijado por el Ministerio de Vivienda, mientras que, para los pequeños tenedores, se permite un incremento de hasta el 10% si han realizado mejoras en la propiedad en los últimos dos años.
La fijación del precio del alquiler ha sido uno de los temas más debatidos recientemente. Mientras que los grandes tenedores deben adherirse estrictamente al índice de referencia, los pequeños tienen una mayor flexibilidad, lo cual debe ir acompañado de una correcta identificación de gastos adicionales que pueden incluirse en el contrato, como comunidad o IBI. Estos gastos también están sujetos a límites en su incremento anual.
Blanco destacó que es esencial que los arrendadores entiendan las limitaciones en la fijación de la renta para evitar cláusulas abusivas que podrían ser impugnadas. Además, los contratos deben garantizar una duración mínima de cinco años, además de derechos para los inquilinos, quienes pueden desistir del contrato después de seis meses, con el preaviso correspondiente.
La jornada enfatiza la necesidad de que ambas partes conozcan sus derechos y obligaciones para prevenir conflictos, destacando que la ley establece mecanismos de protección para arrendadores e inquilinos.
