En México, el fenómeno de las «zonas de sacrificio» ha cobrado relevancia, evidenciando una alarmante situación en la que comunidades enteras enfrentan enfermedades como el cáncer y abortos espontáneos, atribuidos a la contaminación industrial. Esta denuncia fue realizada por Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas, al finalizar una visita de 12 días por el país en la que recorrió siete estados y reunió información sobre la grave crisis de salud ambiental que afecta a un número significativo de comunidades.
Orellana describió la experiencia de vivir en estas zonas como una condena en la que «se pierde el derecho a morir de viejo». Actualmente, el Inventario Nacional de Sitios Contaminados documenta 1,142 lugares con problemas de contaminación, aunque se estima que la cifra real podría ser significativamente mayor. Entre las áreas más preocupantes se encuentra Yucatán, donde más de 500 granjas porcícolas han sido instaladas sin consultar a las comunidades mayas ni contar con las autorizaciones ambientales necesarias, lo que ha llevado a la contaminación de los mantos acuíferos del Anillo de Cenotes.
Otras regiones, como Querétaro, están lidiando con una crisis de salud pública debido a la minería artesanal de mercurio, que ha elevado los niveles del metal hasta 500 veces más que los valores de referencia. Además, en Hidalgo, el corredor industrial Tula-Tepeji expone a sus habitantes a una combinación tóxica proveniente de cementeras, acereras y plantas termoeléctricas.
Orellana criticó el aumento en las importaciones de desechos para su uso como «combustible barato», una práctica que ha sido rebautizada como «coprocesamiento». Según el relator, esta actividad representa un costo elevado para la salud de la población y va en contra de los principios de una economía circular. Asimismo, hizo hincapié en la grave contaminación de ríos, como el Atoyac, el Lerma, el Tula y el Sonora, que aún arrastra los efectos de un derrame de 2014, destacando la falta de reparaciones efectivas a las comunidades afectadas.
En cuanto a los plaguicidas, Orellana mencionó que aunque México ha prohibido el uso del glifosato y 35 sustancias más, no existe una ley general que regule el uso de plaguicidas altamente peligrosos. En la Península de Yucatán, el uso de estos productos ha tenido un impacto devastador en las poblaciones de abejas y ha contaminado el agua de pozos tradicionales, afectando su potabilidad.
El relator enfatizó que la distancia entre el liderazgo internacional de México en temas ambientales y los problemas internos del país es preocupante. Llamó a las autoridades mexicanas a implementar leyes que regulen la gestión de sustancias químicas y plaguicidas peligrosos, así como a fomentar coordinaciones efectivas entre los sectores de salud y medio ambiente. «El respeto al derecho humano a un medio ambiente libre de tóxicos es fundamental para un futuro de paz y prosperidad», concluyó, destacando el deseo de un joven maya que expresó que la paz consiste en poder disfrutar de aire limpio, alimentos saludables y agua potable.
Fuente: ONU últimas noticias
