En 2024, las Naciones Unidas documentaron aproximadamente 4,500 casos de violencia sexual relacionada con conflictos, aunque se estima que la cifra real podría ser mucho mayor. La alarmante estadística revela que un 93% de las víctimas son mujeres y niñas, que enfrentan una de las formas más devastadoras de agresión en medio de las crisis bélicas. Esta situación se agrava ya que la violencia sexual en estos contextos es reconocida por el derecho internacional como un crimen de guerra y un acto que puede constituir genocidio, afectando profundamente los esfuerzos por lograr una paz duradera.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, la ONU ha resaltado los efectos perdurables e intergeneracionales de estas atrocidades. La violencia sexual es frecuentemente utilizada como una táctica de guerra diseñada para aterrorizar, castigar y humillar a la población civil. «Se utiliza para aterrorizar, castigar, pero también para humillar», señala Esméralda Alabre, coordinadora de la respuesta a la violencia de género en Sudán.
El daño no se limita solo a las supervivientes; estas agresiones son utilizadas para fracturar comunidades y socavar la cohesión social, profundizando las divisiones y el miedo entre la población. En Haití, por ejemplo, se ha reportado que algunas bandas obligan a familiares a violar a sus propias madres y hermanas, lo que refleja el uso estratégico de la violencia sexual para destruir los lazos comunitarios. Según Pascale Solages, fundadora de una organización feminista en el país, los cuerpos de las mujeres se convierten en campos de batalla, y las supervivientes viven con el trauma y el estigma asociados a estos actos.
El trauma generado por la violencia sexual también tiene un impacto intergeneracional. Muchas de las víctimas se enfrentan a un estigma que las aísla de sus comunidades, y a menudo se ven obligadas a criar solas a los hijos nacidos de la violación. El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha enfatizado la importancia de abordar estos horrores del pasado para romper el ciclo de violencia que afecta a múltiples generaciones.
Las supervivientes tienen derechos no solo a seguridad y apoyo, sino también a justicia y reparación. Sin embargo, la realidad es que muchos agresores quedan en libertad, mientras que las víctimas llevan la carga del estigma. Los recortes en la ayuda humanitaria han dificultado la disponibilidad de servicios de apoyo, lo que obstaculiza los esfuerzos de recuperación y protección de las supervivientes.
A medida que se siguen cerrando espacios seguros y se limitan los recursos, la posibilidad de exigir responsabilidades a los agresores se vuelve cada vez más remota. La oficina de UNFPA en Sudán, por ejemplo, tuvo que cerrar 40 refugios solo en marzo, lo que agrava aún más la situación de las mujeres y niñas afectadas. Las intervenciones comunitarias y el apoyo a la educación de los niños son esenciales en esta lucha, ya que la inversión en la recuperación de las mujeres es vital para asegurar un futuro más seguro para todos.
Fuente: ONU últimas noticias
