En el ámbito de la privacidad y la vigilancia, el 2024 se ha visto marcado por la renovación y expansión de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA). Esta disposición permite al gobierno estadounidense recopilar comunicaciones internacionales, muchas de las cuales tienen al menos una parte comunicante dentro de Estados Unidos. Desde su creación en 2008 con el Acta de Enmiendas FISA, esta ley ha representado una amenaza constante para la privacidad de los ciudadanos, dado que el FBI opera bajo la premisa de «quien encuentra, se queda», es decir, considera que puede revisar las conversaciones grabadas incidentalmente por la NSA sin necesidad de una orden judicial.
Este año se ha caracterizado no solo por la reautorización de esta autoridad de vigilancia masiva por mayoría de los partidos Demócrata y Republicano, sino también por la intensificación de sus poderes. En abril de 2024, tras intensos debates y algunas reautorizaciones temporales, el Congreso aprobó la Ley de Reforma de la Inteligencia y Aseguramiento de América (RISAA). Este nuevo marco legal no solo reautorizó las capacidades de vigilancia de la Sección 702 sin las reformas necesarias propuestas en proyectos anteriores, sino que también amplió su ámbito de aplicación, permitiendo el uso de información privada para la evaluación de solicitantes de inmigración y asilo, así como en investigaciones de «contrarreforma» en narcóticos de manera amplia.
Además, la nueva legislación incluye una definición ampliada de «Proveedor de Servicios de Comunicaciones Electrónicas» (ECSP), lo que genera preocupación sobre las implicaciones para aquellos que gestionan el almacenamiento o transmisión de comunicaciones electrónicas. Bajo esta expansión, es posible que cualquier entidad, desde empresas de alojamiento web hasta individuos en sus inmediaciones, sea obligada a cooperar con las peticiones del gobierno para entregar datos, convirtiéndose en herramientas del estado de vigilancia.
A pesar de la grave ampliación de estos poderes, hay un pequeño consuelo en el hecho de que la renovación de la Sección 702 solo durará dos años. Esto significa que en la primavera de 2026, los defensores de la privacidad y los derechos digitales deberán prepararse nuevamente para luchar por cambios significativos, así como por mayor transparencia y restricciones a lo que algunos consideran la ley favorita del Gran Hermano.
Fuente: EFF.org
