En un avance significativo hacia la transparencia, la empresa contratista del gobierno Pen-Link ha accedido a revelar los precios y descripciones de productos de vigilancia que vendió a la oficina del sheriff del condado de San Joaquín, en California. Este acuerdo pone fin a una demanda de registros públicos que se prolongó durante varios meses y fue impulsada por la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la oficina del sheriff local. La resolución del caso reitera que las herramientas de vigilancia utilizadas por los gobiernos no son secretas y no deberían ser tratadas como tal bajo la ley.
El año pasado, EFF solicitó información a la oficina del sheriff sobre su trabajo con Pen-Link y su subsidiaria Cobwebs Technology. Para bloquear la divulgación, Pen-Link llegó a un juicio alegando que los nombres de sus productos y precios eran secretos comerciales. EFF, entonces, ingresó al caso para obtener los registros solicitados.
Los documentos revelados en el acuerdo indican que a finales de 2023, la oficina del sheriff gastó 180,000 dólares en una suscripción de dos años a la plataforma de inteligencia web «Tangles», un producto de Cobwebs que permite al sheriff supervisar actividades en línea. Esta suscripción permite realizar cientos de búsquedas y requerimientos mensuales, con fuentes de información que incluyen la «Dark Web» y «Webloc». Aunque se le ofreció, la oficina del sheriff no adquirió una serie de complementos adicionales, como «procesamiento de imágenes con IA».
Esta plataforma de inteligencia ha sido descrita en otros documentos como un sistema que analiza información de la «web abierta, profunda y oscura», además de datos basados en localización en ubicaciones geográficas específicas. Medios de comunicación han documentado que la tecnología de Pen-Link y los manuales de formación de Cobwebs muestran que el producto puede utilizarse para dirigirse a activistas y periodistas independientes. La tecnología de Pen-Link es utilizada por diversas agencias locales, estatales y federales.
Además, los registros demuestran que en 2022 la oficina del sheriff adquirió algunos de los productos más tradicionales de Pen-Link, que ayudan a las fuerzas del orden a ejecutar y analizar datos de intercepciones telefónicas tras obtener aprobación judicial.
La importancia de la transparencia en el uso de herramientas de vigilancia del gobierno no puede subestimarse. El público tiene el derecho de conocer qué herramientas se utilizan, independientemente de si el gobierno las desarrolla o las compra a contratistas privados. La información sobre estos productos y sus precios facilita debates informados en las comunidades sobre el funcionamiento gubernamental.
Pen-Link argumentó que los precios de sus productos eran secretos comerciales porque los gobiernos confían en la empresa para mantener en privado sus capacidades de análisis de datos. Sin embargo, este tipo de razonamientos pone en relieve la crucial necesidad de transparencia. La información también es vital para los defensores y abogados de defensa, quienes deben saber cuándo se utilizan estas herramientas en investigaciones.
Para que las herramientas de vigilancia y sus precios se consideren secretos comerciales bajo la ley, deben ser realmente secretos. Sin embargo, los datos de Pen-Link y sus precios ya eran de acceso público en internet a través de diversas fuentes y documentos oficiales.
El caso resalta los riesgos y las implicaciones políticas que enfrentan las empresas contratistas del gobierno al tratar de ocultar información sobre sus ventas a las fuerzas de seguridad. Las demandas que obstruyen el acceso público a registros pueden resultar en una limitación del derecho a la información, puesto que no todos los ciudadanos, investigadores o periodistas tienen los recursos para litigar sus solicitudes.
Este acuerdo no solo representa una victoria para la transparencia, sino que también reafirma el compromiso de EFF de continuar trabajando en la divulgación de información relacionada con la vigilancia.
Fuente: EFF.org
