En la segunda entrega de una serie sobre la verificación de edad en la Unión Europea, se examina a fondo la aplicación solicitada por la Comisión Europea, diseñada para el uso de identidades digitales. Este artículo sigue a una primera parte que exploró el contexto político del debate sobre la verificación de edad en la UE y prepara el terreno para una tercera entrega que abordará medidas para garantizar la seguridad de todos los usuarios sin necesidad de verificaciones de edad.
La Comisión ha encargado el desarrollo de una aplicación móvil que funcione como una billetera digital, capaz de almacenar pruebas de edad. Esto permitirá a los usuarios verificar su edad y acceder a contenido restringido por edad. Para utilizar la aplicación, un usuario deberá solicitar una prueba de su edad, lo que implicará el uso de diferentes métodos de verificación, incluyendo esquemas de identificación electrónica nacionales y tarjetas de identificación físicas.
Una vez que el usuario acceda a un sitio web que limite contenido según la edad, la plataforma pedirá la prueba de edad a través de la aplicación. Esta, a su vez, presentará la prueba correspondiente, permitiendo así que los servicios en línea verifiquen la atestación de edad. La intención es que la aplicación esté alineada con la arquitectura de la futura Billetera Digital Europea.
Las especificaciones de la aplicación subrayan la interoperabilidad, la privacidad y la seguridad como inquietudes fundamentales. Aunque el desarrollo de la aplicación aún está en sus primeras etapas, se reconoce la necesidad de un proceso interactivo que recoja la retroalimentación de diversas partes interesadas. Sin embargo, se ha señalado que muchos de los mecanismos destinados a proteger la privacidad de los usuarios son opciones en lugar de requerimientos obligatorios, lo que podría comprometer la efectividad de la aplicación.
Un aspecto crítico es el uso de las Pruebas de Conocimiento Cero (Zero Knowledge Proofs, ZKPs), una técnica criptográfica que permite demostrar algo sin revelar información específica, como la fecha exacta de nacimiento. Aunque estas pruebas son más seguras que compartir identificaciones, dependen de sistemas que aún no están completamente desarrollados, lo que plantea interrogantes sobre su funcionalidad en este nuevo contexto.
Además, la regulación sobre quién puede solicitar pruebas de edad se vuelve imprescindible para evitar un aumento indiscriminado de verificadores. Recientemente, se han debilitado las protecciones existentes que exigían una certificación de registro en todos los Estados miembros de la UE, lo que podría abrir la puerta a abusos en las solicitudes de datos.
La accesibilidad de la aplicación también plantea preocupaciones. Muchos individuos, especialmente aquellos sin documentación oficial como refugiados o personas sin hogar, se enfrentarán a barreras significativas para acceder a servicios críticos. Las diferencias en los requisitos de identificación entre países europeos complican aún más la situación, dejando a grupos vulnerables sin la posibilidad de verificar su edad adecuadamente.
En conclusión, la propuesta de la Comisión, aunque bien intencionada, podría terminar excluyendo a millones de personas de servicios esenciales, socavando sus derechos fundamentales. Es crucial que se consideren estos aspectos antes de implementar exigencias de verificación de edad que puedan comprometer no solo la privacidad, sino también la libertad de expresión y el acceso equitativo a la información digital.
Fuente: EFF.org
