La persecución política en Venezuela está alcanzando niveles alarmantes, según un reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU. Este organismo ha señalado que la única esperanza de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos se encuentra en la comunidad internacional.
El informe, que fue presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, revela nueva evidencia sobre la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Durante el período de protestas, se documentaron 25 muertes, de las cuales al menos 12 involucraron a cuerpos de seguridad estatales. En la ciudad de Maracay, se registró que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército dispararon contra manifestantes, resultando en la muerte de seis personas.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, denunció que la Fiscalía no ha proporcionado actualizaciones significativas sobre las investigaciones, a pesar de su afirmación de que los cuerpos de seguridad no eran responsables. «Nuestra investigación ha revelado lo contrario: todas las muertes permanecen en la impunidad», afirmó.
Además, la Misión documentó cinco muertes de personas detenidas durante las protestas, estableciendo motivos razonables para concluir que el Estado falló en brindar atención médica adecuada. Patricia Tappatá, experta de la Misión, subrayó que estos incidentes constituyen privaciones arbitrarias de la vida, además de destacar el maltrato a las familias y la falta de investigaciones concretas.
Aunque en 2024 se excarcelaron aproximadamente 2006 de las 2220 personas detenidas, se registraron al menos 200 nuevas detenciones selectivas en 2025, muchas de las cuales afectan a críticos del gobierno. Alarmantemente, 220 menores de entre 13 y 17 años fueron detenidos y sometidos a condiciones inhumanas, incluyendo violencia sexual y violaciones al debido proceso.
El informe refleja un esquema estatal que incluye torturas sistemáticas, como asfixia, palizas y descargas eléctricas. Las autoridades judiciales parecen ignorar estas denuncias, al mismo tiempo que las leyes relacionadas con la «financiación de ONG» han obligado a muchas organizaciones civiles a cerrar o limitar sus operaciones.
Marta Valiñas concluyó con una fuerte advertencia, afirmando que las evidencias confirman la continuación de la persecución política en Venezuela. “No hay voluntad por parte de ninguna autoridad nacional para prevenir, investigar o sancionar estas violaciones de derechos humanos”, sentenció.
El panorama descrito en el informe sugiere que la justicia en Venezuela ha abandonado su función básica, dejando a las víctimas a la merced de la comunidad internacional en busca de justicia.
Fuente: ONU últimas noticias
