En Cataluña, donde casi uno de cada cinco ciudadanos tiene más de 65 años, la digitalización ha presentado un reto considerable para este grupo etario, muchos de los cuales no utilizan aplicaciones ni acceden a las páginas web municipales. Ante esta situación, Bleta, una startup dedicada a la tecnología accesible, ha desarrollado el sistema «Connecta en Gran» con el fin de facilitar que los avisos de los ayuntamientos lleguen a estas personas mayores. Esta iniciativa ha sido reconocida y recomendada por la Associació Catalana de Municipis, y ya cuenta con la participación de once consistorios.
La accesibilidad digital está ganando una relevancia crítica en el ámbito público, más allá de ser un asunto estrictamente técnico. Los informes de monitorización de la Comisión Europea revelan que en varios países, más del 90% de los sitios web públicos evaluados presentan al menos un error en los criterios de accesibilidad marcados por la norma EN 301 549 y las pautas WCAG 2.1 del W3C. Aunque la Directiva 2016/2102 se centra predominantemente en el sector público, la nueva Directiva 2019/882, conocida como European Accessibility Act, extiende esta obligación a ciertos productos y servicios digitales en el ámbito privado, incluyendo sectores como la banca electrónica y las telecomunicaciones. En España, la reciente Ley 11/2023 implementa estas normas y establece mecanismos de supervisión y un régimen sancionador.
Existen antecedentes de la aplicación de estas normativas en otros países europeos. Por ejemplo, en Austria, el regulador KommAustria impuso multas a la radiotelevisión pública ORF por no cumplir con las obligaciones de accesibilidad. Asimismo, en Alemania, la Ley Federal de Igualdad de las Personas con Discapacidad ha generado procedimientos formales ante deficiencias en la accesibilidad web de entidades públicas.
Este asunto se agrava por un contexto demográfico que destaca la creciente brecha digital. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, a pesar de que el 95,8% de la población de entre 16 y 74 años había utilizado internet en los últimos tres meses, dicha cifra disminuye notablemente en el caso de las personas mayores de 65 años, lo que subraya la necesidad de implementar soluciones efectivas.
Desde Bleta, enfatizan que el simple cumplimiento de las normativas no asegura una experiencia de uso adecuada. Isabel García, CEO de la empresa, menciona que aunque los informes oficiales reflejan una mejora, los altos niveles de incumplimiento persisten. A medida que la normativa se extiende al sector privado, las organizaciones se ven obligadas a revisar sus estructuras y procesos para adaptarse a estas exigencias.
El sistema «Connecta en Gran» está actualmente en uso en trece ayuntamientos españoles, como Cassà de la Selva y Cabrera de Mar, y tiene como objetivo simplificar el acceso a trámites digitales para adultos mayores, al tiempo que reduce incidencias administrativas. Gerard Pinar, COO de Bleta, destaca que la efectividad de la experiencia de uso es crucial: «Una auditoría puede confirmar que se cumplen los requisitos técnicos, pero si el usuario no puede completar el trámite, eso se traduce en reclamaciones y pérdida de confianza».
A medida que se acerca 2026, la accesibilidad digital se posiciona como un elemento central para el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos, tanto para administraciones públicas como para empresas, convirtiéndose en una prioridad a la que deben atender de manera urgente.
