Un año después de que la violencia se intensificara drásticamente en la región de Catatumbo, la situación humanitaria se ha deteriorado aún más, dejando a la población sumida en una crisis sin precedentes. Desde enero de 2025, se estima que cerca de 100.000 personas, lo que equivale a la mitad de la población de la zona, han sido desplazadas debido a los enfrentamientos entre grupos armados no estatales y al uso de drones armados en un contexto de control violento de territorios estratégicos.
En las últimas semanas, la crisis se ha agudizado. Según la Oficina de Coordinación Humanitaria (OCHA), los combates han cobrado más de 60 vidas solo en la última semana, mientras miles de ciudadanos enfrentan severas restricciones de movilidad y dificultades para acceder a servicios básicos, además de nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento forzado. Yudith García, representante de la Mesa Departamental de Víctimas de Cúcuta, advirtió sobre el severo impacto de los ataques con drones, señalando que estos ataques están siendo ignorados y que su frecuencia va en aumento, afectando gravemente la salud, las viviendas y los cultivos de la población rural.
El informe conjunto de la Defensoría del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo describe la crisis como una de las más graves en la historia del conflicto armado colombiano. En este sentido, la Alcaldía de Cúcuta ha registrado la llegada de 2,048 personas desplazadas desde Catatumbo desde el 22 de diciembre, y se espera que esta cifra continúe creciendo. Muchos de los desplazados han buscado refugio en el municipio de Ocaña, huyendo de la violencia que, a comienzos de este año, había forzado el desplazamiento de más de 60,000 personas.
Los grupos armados en conflicto están utilizando drones para atacar tanto a sus rivales como a aquellos acusados de colaborar con el bando opuesto, lo que incrementa el riesgo para la población civil. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, al menos 11 personas han resultado lesionadas y nueve han perdido la vida a causa de explosivos lanzados desde estos dispositivos.
La relatora especial sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Paula Gaviria, ha calificado la situación en Catatumbo como un «drama prolongado». Al conmemorarse un año de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33, Gaviria hizo un llamado a reflexionar sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y asegurar soluciones viables para la población desplazada.
Desde las organizaciones sociales también se elevan voces de alarma. Jaime Botero, presidente de Asojuntas, enfatizó que las comunidades están sufriendo debido a la violencia, citando que el año pasado se registraron 137 asesinatos de líderes sociales. Las familias desplazadas y confinadas viven bajo un constante temor en medio de explosiones, violencia selectiva y restricciones impuestas por grupos armados, mientras los daños a la infraestructura agravan la inseguridad alimentaria y dejan a miles de niños fuera del sistema educativo. La financiación humanitaria se mantiene muy por debajo de lo necesario, obligando a las comunidades a recurrir a estrategias de supervivencia cada vez más arriesgadas.
El conflicto se agravó el 16 de enero de 2025, cuando el ELN lanzó una ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, provocada por disputas por el control territorial y economías ilícitas en una zona de gran importancia estratégica por su proximidad a la frontera con Venezuela. En respuesta, el Ejército ha desplegado más de 11,200 soldados en el marco de la denominada Operación Catatumbo. La crisis humanitaria en esta región de Colombia no muestra señales de mejora, lo que deja a la población en una situación crítica.
Fuente: ONU últimas noticias
