La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania ha presentado este lunes un informe que revela el uso sistemático de drones por parte de las fuerzas rusas para atacar a civiles en el sur del país. Según los expertos, estos ataques, que abarcan más de 300 kilómetros alrededor del río Dniéper, configurarían crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, al tener como objetivo sembrar el terror y forzar desplazamientos masivos.
El informe destaca que las ofensivas se concentran en las provincias de Kherson, Dnipropetrovsk y Mykolaiv, áreas bajo control ucraniano. Se documenta que los vehículos no tripulados han impactado viviendas, hospitales, escuelas y mercados, así como puntos de distribución humanitaria. Además, se han registrado ataques contra brigadas médicas y bomberos, ignorando la protección que el derecho internacional humanitario otorga a estos servicios.
Los ataques con drones han crecido significativamente en 2025, convirtiéndose en la principal causa de víctimas civiles cerca del frente, con más de 200 muertos y aproximadamente 2000 heridos desde julio de 2024. Además, cerca de 3000 viviendas se han visto destruidas total o parcialmente. La comisión señala que los drones utilizados son en su mayoría de fabricación rusa, modificados a partir de modelos comerciales chinos y equipados con cámaras de transmisión en vivo, lo que sugiere una intención deliberada de los atacantes.
Las consecuencias para la población son devastadoras, con localidades enteras consideradas inhabitables debido a la destrucción y un ambiente constante de miedo. El trauma psicológico y la pérdida de hogares han llevado a miles de personas a huir. Asimismo, el informe denuncia el uso del terror como medio para el desplazamiento forzado, lo que equivaldría a un crimen de lesa humanidad. Esto se evidencia en las deportaciones y traslados forzosos de civiles de áreas ocupadas, donde se han reportado detenciones y malos tratos por parte de las autoridades rusas.
La Comisión indica que estos ataques, deportaciones y traslados forman parte de una política estatal sistemática destinada a consolidar el control ruso sobre los territorios ocupados y castigar a quienes no aceptan la ocupación. El informe hace un llamado a Rusia para que cesen de inmediato los ataques contra civiles y las deportaciones, al tiempo que pide a Ucrania que proporcione asistencia a las víctimas. También se exhorta a la comunidad internacional a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y el apoyo a los desplazados.
La magnitud y la duración de estos ataques evidencian que no son hechos aislados, sino parte de una estrategia planificada que viola el derecho internacional humanitario y podría ser objeto de juicio ante la Corte Penal Internacional.
Fuente: ONU últimas noticias
