El Buró de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ha finalizado una nueva normativa diseñada para facilitar a los usuarios la comparación de servicios bancarios y la transferencia entre cuentas. Esta regulación, que permitirá a los consumidores identificar rápidamente el banco que ofrece las mejores condiciones y realizar el cambio con solo unos clics, busca fomentar la competencia en el sector bancario.
En un mundo digital donde se espera que sea sencillo cambiar de proveedor, las empresas han implementado diversas estrategias legales para dificultar estas transiciones, incluyendo leyes de propiedad intelectual y de secreto comercial. Esta situación ha resultado en elevados «costos de cambio», que dificultan a los usuarios dejar un servicio en favor de otro, favoreciendo a las entidades que se benefician de la fidelidad forzada de sus clientes.
La nueva normativa del CFPB permite a los consumidores autorizar a terceros, como sitios de comparación o software de contabilidad, a solicitar datos de sus cuentas bancarias. Los bancos están obligados a proporcionar toda la información que el cliente haya autorizado, incluyendo el historial de transacciones y detalles necesarios para gestionar pagos recurrentes en un nuevo banco.
Con esta herramienta, los consumidores pueden evaluar factores como comisiones por sobregiros, intereses generados y costos de préstamos de manera más sencilla y efectiva. Una vez abierto un nuevo cuenta, se podrán transferir automáticamente datos y pagos recurrentes desde el banco anterior, simplificando el proceso de cambio para los usuarios.
Según estimaciones del CFPB, esta regulación tiene el potencial de ahorrar a los estadounidenses al menos 677 millones de dólares anuales, un monto que provendría de los bancos que anteriormente cobraban tasas elevadas y ofrecían bajos intereses.
No obstante, diversos bancos ya han comenzado a emprender acciones legales contra esta nueva regla, argumentando que su aplicación podría exponer a los consumidores a mayores riesgos de fraude. Sin embargo, los defensores de la normativa afirman que la seguridad del usuario no se mejora mediante el bloqueo de la capacidad de estos para compartir sus propios datos.
Además, la regulación establece criterios estrictos para las entidades que pueden acceder a los datos de los clientes y les impone restricciones sobre el uso de esa información, garantizando que solo se emplee para los fines autorizados y estableciendo un mecanismo para revocar el acceso de manera inmediata.
Desde su creación en 2010, el CFPB ha tenido la autoridad para implementar normas como esta, en medio de una resistencia obstinada de las instituciones bancarias que defienden la propiedad de los datos. Sin embargo, en última instancia, corresponde a los consumidores decidir cómo y con quién compartir su información financiera.
Fuente: EFF.org
