Una reciente revelación de un memo interno de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. indica que el 30% de las torres de cámaras que forman parte del programa «Remote Video Surveillance System» (RVSS) están fuera de servicio. Este informe pone de manifiesto «varios problemas técnicos» que afectan a aproximadamente 150 torres. Sin embargo, lo realmente sorprendente no es esta revelación, sino la aparente sorpresa de los líderes del Congreso, quienes han enviado comunicaciones al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, instándolo a que explique la situación.
Desde hace décadas, se ha señalado que la vigilancia en la frontera entre EE. UU. y México es un esfuerzo derrochador que no se adapta a un problema mal definido. A pesar de un reconocimiento bipartidista sobre la ineficacia de estos programas, parece haber una competencia entre los líderes políticos por aumentar la financiación de iniciativas que continúan fracasando. Informes de supervisión han destacado las fallas y la ineficacia de estas torres desde al menos mediados de la década de 2000, lo que plantea la pregunta de por qué no se han abordado estos problemas en los últimos 25 años. Una posible razón es que estas cámaras actúan más como un teatro político; generan atención pública inicialmente, pero pronto se desvanecen en la ineficacia, mientras que las comunidades fronterizas son tratadas como un laboratorio para empresas tecnológicas que buscan capitalizar amenazas de seguridad nacional a menudo exageradas.
La historia de las torres de vigilancia en la frontera es un ciclo problemático. La Patrulla Fronteriza lanza un nuevo programa con nombres llamativos y grandes promesas, pero unos años después, los organismos de supervisión llegan a la conclusión de que la situación es un desastre. En lugar de dejar de lado estos programas, los funcionarios de seguridad fronteriza renombraron y renovaron sus proyectos sin abordar los problemas fundamentales. Desde el Integrated Surveillance Intelligence System (ISIS) en los años 90 hasta Proyectos posteriores como el Secure Border Initiative (SBI) y sus múltiples iteraciones, el patrón se repite una y otra vez, con cada nueva acronimia que oculta un pasado de fracasos.
A pesar de la crítica bipartidista y los informes de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que señalan la falta de efectividad y las irregularidades en la gestión de contratos, Washington sigue apoyando estas tecnologías de vigilancia. La razón detrás de este apoyo podría radicar en que tratar problemas en la frontera como crisis humanitarias o reformas de política exterior no es tan políticamente eficaz como promover una «invasión fantasma» que justifica respuestas de estilo militar. Además, las empresas tecnológicas y los contratistas militares tienen una considerable influencia y están en posición de obtener enormes beneficios a costa de la vigilancia fronteriza, impactando no solo en los contribuyentes, sino también en las libertades civiles de las comunidades fronterizas y los derechos humanos de los solicitantes de asilo y migrantes. La falta de responsabilidad por el derroche de miles de millones en tecnologías ineficaces parece propiciar que esta historia de fracasos continúe, sin que se vislumbre un cambio significativo en el enfoque.
Fuente: EFF.org
