Sudán del Sur se encuentra al borde de un conflicto a gran escala, una situación alarmante que requiere medidas internacionales urgentes, según un informe presentado por la Comisión de Derechos Humanos en el país ante la Asamblea General de la ONU. Este organismo de investigación independiente, designado por la ONU, alertó sobre la escalada de enfrentamientos armados, las detenciones políticas y las violaciones generalizadas de los derechos humanos.
El comisionado Barney Afako expresó su preocupación sobre el estado de la transición política, afirmando que «el alto el fuego no se está respetando» y que las fuerzas gubernamentales realizan bombardeos en zonas civiles. Esta crisis ha desplazado a más de 370,000 personas desde marzo, lo que genera un total de casi 2.6 millones de personas desplazadas internamente en Sudán del Sur, además de alrededor de 600,000 refugiados en países vecinos.
Yasmin Sooka, presidenta de la comisión, denunció que la violencia y la represión afectan a la población civil de manera devastadora. «Una vez más, se bombardea a la población civil, se viola a las mujeres y se desplaza a los niños. Esta guerra provocada por el hombre es evitable», afirmó.
El informe también destacó que las luchas por el poder político están interconectadas con tensiones étnicas y agravios locales, lo que ha acentuado la desconfianza entre los firmantes del Acuerdo de Paz Revitalizado de 2018. La corrupción se presenta como un motor fundamental en esta crisis, con miles de millones de dólares en ingresos petroleros desviados mientras la población vive en condiciones de hambre y falta de servicios básicos.
La Comisión pidió a la comunidad internacional que tome medidas concretas para garantizar la rendición de cuentas y acelerar el establecimiento del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur. «La paz no se logrará con palabras ni apretones de manos, se logrará con acciones concretas», insistió Sooka, subrayando la necesidad urgente de reformas en las instituciones de justicia.
La Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur, establecida en 2016, revisa las violaciones de derechos humanos en el país y opera sin compensación económica para sus miembros, lo que refleja el desafío que enfrenta el país en la búsqueda de justicia y paz duradera.
Fuente: ONU últimas noticias
